Con 70 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó este viernes, 27 de diciembre, a Juan Esteban Guarderas, quien perdió su condición de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La moción de censura determinó que Guarderas:
a) Incumplió las funciones que le asigna la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, específicamente los artículos 14 y 43.
b) Incumplió las funciones que le asigna la Constitución de la República, específicamente el artículo 83, numeral 17.
Los artículos mencionados de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social refieren:
- Art. 14.- Denuncia. – El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está obligado a receptar, calificar, aceptar a trámite, e investigar de haber mérito suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción.
- Art. 43.- Las consejeras y consejeros deberán:
1. Presentar al inicio y al final de su gestión una declaración patrimonial juramentada, de conformidad con la ley.
2. Guardar absoluta reserva sobre las investigaciones que se realicen por el Consejo hasta que se emitan los correspondientes informes. Esta obligación se hace extensiva a los funcionarios, empleados y trabajadores del Consejo, bajo pena de destitución. La información reservada solamente podrá ser entregada por las consejeras y consejeros a las y los involucrados con el fin de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso.
3. Excusarse en las investigaciones sobre casos en los que existiere conflicto de intereses o en los que de alguna manera estuvieren involucrados personalmente sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
4. No podrán participar en actividades partidistas.
5. Las demás que se contemplen en la Ley y los reglamentos.
Mientras tanto, la Constitución de la República, específicamente el artículo 83, numeral 17 establece que:
- Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
- Numeral 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.
El juicio político contra Guarderas fue impulsado por la asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Ana Herrera.
Con la censura, Guarderas no podrá ocupar cargos públicos por dos años.
El funcionario fue acusado de incumplimiento de funciones por cuatro causales:
1) Violación del deber de reserva y protección.
2) Abuso de poder y uso indebido de recursos públicos.
3) Presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial.
4) Presunta falsificación de firma.
Desarrollo de la sesión:
Durante el juicio político, la asambleísta Herrera cuestionó que Guarderas haya intentado deslegitimar el juicio político asegurando que no se le permitió defenderse y que, incluso, no fue debidamente notificado.
También mencionó que Guarderas usó «ilegítimamente» documentos del CPCCS para supuestamente utilizarlos para sacar adelante sus denuncias de corrupción.
Herrera calificó como «alarmante» que la Fiscalía no haya iniciado una investigación por presuntamente haber falsificado la firma de un abogado para impulsar una denuncia electoral en contra de la vicepresidenta, Verónica Abad.
Por su parte, Guarderas se defendió y negó haber usado su cargo para ejercer tráfico de influencias o ejercer algún tipo de presión a la justicia y beneficiase.
Asimismo, aseveró que fueron dos peritos los que certificaron que la caligrafía de las firmas original y dubitada del abogado denunciante eran muy similares, lo que significaría que salió de la misma.
En su defensa, Guarderas aseguró que detrás del juicio político y el intento de destituirlo está la intención del correísmo de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana.
Al finalizar la sesión, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz dispuso que se notifique al CPCCS que Guarderas ya no es parte de ese organismo.
Tras su destitución, Guarderas se pronunció a través de su red social X y calificó la decisión del Parlamento como «un golpe al CPCCS».
