Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
La “guerra interna” declarada en enero de 2024 por el presidente Noboa a más de una decena de grupos de delincuencia organizada (GDO´s) ahora se pone a prueba ante un escenario inédito: la protesta social embanderada por un actor histórico con capacidad de movilización que ha sido protagonista central en el derrocamiento de al menos dos de los tres presidentes durante la década de inestabilidad política (1997-2007).
El paro nacional convocado por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y que ya lleva casi diez días, evidencia no solo la fractura histórica entre las comunidades indígenas y el poder político de turno, sino una sociedad absolutamente incapaz de llegar a consensos mínimos, donde el diálogo ha sido reemplazado por la represión estatal y el vandalismo comunitario.
Una sociedad en la que el miedo y el odio -emociones propias de una guerra- han anidado en la conciencia de la gente, pero también se han materializado en la virtualidad de las redes sociales y en la realidad concreta, donde un par de otrora defensores de los derechos humanos en el estallido social y levantamiento popular contra el gobierno de Lenin Moreno en octubre de 2019, hoy -convertidos en ministros de Noboa- no solo callan sino que justifican la represión, usando el mismo discurso de esa época que equipara la protesta social con acciones terroristas.
Lo cierto es que el régimen ha utilizado todo su poder para aplastar el paro de la CONAIE incluyendo la detención de más de 60 manifestantes, el inicio de investigaciones fiscales contra abogados de derechos humanos, líderes indígenas y de fundaciones ecologistas, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias y la inhibición de las señales de celular de las dos empresas telefónicas con mayor número de usuarios en los lugares más complejos de la protesta.
Sumado a estas claras medidas de persecución y amedrentamiento, la actuación de los militares durante las manifestaciones en las que fue asesinado el comunero, Efraín Fueres, el pasado domingo en Cotacachi (Imbabura) indigna y duele no solo por la reacción de los integrantes del blindado al patear en el suelo el cadáver y golpear con sus fusiles a un manifestante que intentaba socorrerlo, sino por la abismal diferencia respecto de su accionar contra los GDO´s en territorios de facto liberados como el cantón Durán y varios barrios de Guayaquil, Machala, Manta, Esmeraldas, Portoviejo, Quevedo o Babahoyo, donde el Estado no existe, y quienes están llamados a garantizar su presencia, simplemente no lo hacen sembrando una estela de dudas de complicidad, negligencia o incluso cobardía.
Me niego a creer que los herederos del “ejército vencedor”, formados por la generación de “héroes vivos” del Alto Cenepa (1995) y que -en muchos casos- provienen de familias humildes, campesinas e indígenas incluso, sean capaces de actuar de esta manera en las manifestaciones del fin de semana y de otra, totalmente distinta, contra los GDO´s, estos sí una amenaza real para todos los ecuatorianos.
Este hecho lacera profundamente la relación entre los militares y las comunidades indígenas, que de acuerdo con el gobierno, aún mantienen retenidos a varios uniformados, recuerda sus acciones en el caso de los niños a adolescentes de Las Malvinas (Guayas) en diciembre de 2024, y sobre todo deslegitima ante los ojos de un importante sector de la opinión pública nacional e internacional la actuación que las Fuerzas Armadas cumplieron en otros casos, por ejemplo, en la asistencia a la población civil en desastres naturales como el terremoto de Pedernales en 2016.
Es urgente entonces apelar a la sensatez de ambas partes porque como país no nos merecemos seguir en una guerra que en su segunda fase, termina enfrentando al pueblo contra el pueblo.
La opinión de Wilson Benavides
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