Un amplio contingente de las Fuerzas Armadas comenzó a arribar a Quito desde la tarde de este 10 de octubre de 2025, como parte del operativo nacional destinado a garantizar la seguridad durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las autoridades proyectan el despliegue de 7.000 uniformados hasta el 11 de octubre.
Los militares, trasladados vía aérea desde distintas regiones del país, se ubicarán en puntos estratégicos de acceso a la capital, con el objetivo de proteger la infraestructura crítica, mantener el orden público y prevenir actos de violencia, según informaron las Fuerzas Armadas a través de sus canales oficiales.
Además, unidades militares provenientes de Manta y Guayaquil se sumarán a los operativos en Quito.
“Esta acción forma parte del plan operativo nacional destinado a mantener el orden público, prevenir actos de violencia y garantizar la paz y tranquilidad de los ecuatorianos”, destacaron las Fuerzas Armadas en un comunicado difundido en redes sociales.
Planificación de operativos
La intensificación de la presencia militar coincide con una reunión clave entre los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, programada para este mismo día, con el objetivo de definir la estrategia operativa en Imbabura.
Preocupación internacional por represión
El despliegue militar y la respuesta estatal han generado alarma en organismos internacionales de derechos humanos. Más de 50 organizaciones del continente firmaron una carta pública en la que denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ecuatorianas durante las manifestaciones.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras entidades de derechos humanos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y varios países más.
Los firmantes instan al Gobierno del presidente Daniel Noboa a garantizar el respeto a los derechos humanos, evitar la criminalización de la protesta y abrir espacios de diálogo con los sectores movilizados.
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