Concejales de la Revolución Ciudadana y organismos de derechos humanos presentaron pedidos formales para proteger al alcalde de Guayaquil. Denuncian vulneraciones al debido proceso y a los derechos políticos del funcionario.

Concejales de Guayaquil y defensores de derechos humanos solicitaron medidas cautelares urgentes a favor del alcalde Aquiles Álvarez. El burgomaestre cumple prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad “El Encuentro”, en Santa Elena, sin sentencia ejecutoriada.

Los peticionarios remitieron escritos de amicus curiae ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En estos documentos advierten una presunta violación a la presunción de inocencia y a las garantías fundamentales de la autoridad.

Denuncian persecución política y riesgos democráticos

Los concejales de la Revolución Ciudadana sostienen que el sistema penal ecuatoriano funciona actualmente como un mecanismo de presión. Según su comparecencia, el Estado busca neutralizar a los actores políticos de oposición mediante procesos judiciales.

Los ediles alertan sobre un deterioro progresivo de las garantías democráticas en el país. Por esta razón, consideran que la detención de Álvarez afecta directamente el ejercicio de los derechos políticos ganados en las urnas.

Organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación por las condiciones de reclusión del alcalde. Los organismos cuestionan su permanencia en un centro de máxima seguridad mientras el proceso investigativo continúa.

Argumentos sobre el daño irreparable

La defensa sostiene que la prisión preventiva impide a Álvarez cumplir las funciones delegadas por el voto popular. Los comparecientes califican esta situación como un posible daño irreparable para la institucionalidad de Guayaquil.

Debido a esto, solicitaron un análisis urgente bajo los criterios de gravedad y necesidad previstos internacionalmente. Se espera que más colectivos regionales se sumen a este pedido de protección en los próximos días.

El caso genera una creciente atención internacional por sus implicaciones institucionales. Mientras tanto, el SIDH deberá evaluar si la situación del alcalde amerita la intervención inmediata del organismo interamericano.