Con 146 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes una resolución mediante la cual exhorta al asambleísta Santiago Díaz Asque a presentar su renuncia voluntaria. El legislador es investigado por el presunto delito de violación a una menor de edad.
El pronunciamiento legislativo se dio tras un extenso debate en el que se resaltó la gravedad de las acusaciones y el impacto institucional que generan.
Aunque la resolución reitera el respeto al principio de presunción de inocencia, subraya que los hechos denunciados han causado una seria conmoción social y afectan directamente la imagen de la Función Legislativa.
La resolución, titulada “Por la dignidad institucional y la ética parlamentaria”, fue presentada por la legisladora Mishel Mancheno, quien señaló que el Parlamento no puede guardar silencio frente a un caso tan delicado. “Este no es un debate partidista, es una decisión ética que interpela la conciencia política de esta Asamblea”, afirmó durante su intervención.
El documento aprobado enfatiza que la conducta ética de los legisladores es un pilar esencial de legitimidad democrática, e insta a Díaz a apartarse de su curul para no entorpecer el proceso judicial ni dañar aún más la confianza ciudadana en el órgano legislativo.
Reacciones firmes y unánimes
Durante la sesión, varios legisladores se pronunciaron con firmeza. Paola Jaramillo fue categórica al exigir la renuncia inmediata del asambleísta acusado. “Nadie está por encima de la ley. No permitiremos la impunidad, venga de donde venga”, sostuvo.
En la misma línea, el legislador Blasco Luna denunció la existencia de otra acusación similar que aún no ha sido procesada y pidió coherencia en la aplicación de los mecanismos de fiscalización. “La transparencia no puede ser selectiva”, remarcó. Aunque no reveló su nombre, Luna exigió la renuncia inmediata del involucrado.
Lucía Pozo, por su parte, instó a recuperar la credibilidad del Parlamento. “Debemos honrar esta investidura con valentía y responsabilidad. Este es el momento de demostrar que estamos a la altura de lo que exige el país”, expresó.
Andrés Castillo criticó lo que calificó como “doble moral política” al recordar que en el pasado hubo sectores que promovieron amnistías para condenados por delitos sexuales. “Hoy no se puede actuar con discursos vacíos. Hay que ser coherentes con los principios que decimos defender”, puntualizó.
Llamado a la justicia
Finalmente, la Asamblea también demandó a las autoridades judiciales y de control actuar con celeridad, objetividad y enfoque de derechos humanos, garantizando la protección integral de la víctima y el respeto al debido proceso.
La resolución marca un precedente en el Parlamento ecuatoriano, al asumir una postura institucional ante un caso judicial que ha generado amplio rechazo social y que pone a prueba la ética y el compromiso de los representantes con la integridad pública.
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