El Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó este martes, 13 de octubre, a David Rosero como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con 84 votos a favor de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. La decisión se produjo tras un juicio político por presunto incumplimiento de funciones, relacionado con una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, participante del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado.

La votación superó los 77 votos necesarios para aprobar la censura y destitución del funcionario. Por su parte, la bancada de Revolución Ciudadana se abstuvo, como había anunciado antes de la sesión.

El juicio político fue impulsado por el asambleísta Sergio Peña, alineado con el oficialismo, quien acusó a Rosero de haber mantenido un encuentro con Inés Romero, jueza de Pichincha y aspirante a dirigir la Fiscalía General del Estado.

Según Peña, la supuesta reunión constituiría un conflicto de intereses debido a la participación del Cpccs en el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía.

Durante su intervención ante el Pleno, Rosero negó que ese encuentro hubiera ocurrido y cuestionó la validez de las fotografías presentadas como parte de la acusación.

El ahora exconsejero sostuvo que las imágenes carecían de elementos que permitieran verificar su procedencia, fecha y autenticidad, como metadatos, trazabilidad y cadena de custodia.

También aseguró que no se había demostrado que él o la postulante hubieran obtenido algún beneficio dentro del concurso para fiscal general.

Rosero atribuyó el juicio político a una presunta represalia por sus cuestionamientos al proceso de selección de la nueva autoridad de la Fiscalía, una interpretación que fue rechazada por el legislador acusador.

Durante el debate, Peña también planteó cuestionamientos sobre posibles casos de nepotismo relacionados con familiares del exconsejero que trabajan en instituciones públicas. Estas afirmaciones fueron parte de su intervención política y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades legalmente establecidas.

La legisladora Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, cuestionó los elementos probatorios utilizados en el proceso y criticó la gestión de los integrantes del Cpccs por los retrasos en los concursos de designación de autoridades.

Con la destitución de Rosero, se abre una vacante en el Consejo de Participación Ciudadana, que correspondería ocupar a Andrés Mendoza Paladines, periodista y radiodifusor que consta en la lista de candidatos suplentes según el orden de votación.

La salida del consejero ocurre mientras el CPCCS desarrolla el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, un proceso que ha generado controversias por la evaluación y descalificación de algunos postulantes.