El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) difirió la audiencia para analizar la apelación presentada a la sentencia de primera instancia que suspendió los derechos de participación, por dos años, y que impuso una multa a la vicepresidenta, Verónica Abad.
La plenaria se instaló pasadas las 18h00 de este viernes, pero no se aprobó el orden del día, que consistía en tratar la apelación a una sentencia contra Abad emitida por el juez electoral Guillermo Ortega, quien la declaró responsable de violencia política de género tras la denuncia que impuso la canciller, Gabriela Sommerfeld.
La moción para diferir la audiencia fue presentada por el juez Richard González, quien pidió más tiempo para revisar el proyecto de sentencia.
Según dijo, el proyecto que involucra a la Vicepresidenta, recién le llegó este jueves, 20 de marzo, por lo que necesitaba tiempo para leerlo y analizarlo. El pedido fue aprobado por unanimidad, cinco votos.
La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, planteó una nueva convocatoria para el próximo lunes, 24 de marzo, lo que quedó sujeto al consenso entre los jueces.
La sanción contra Abad, que le impuso una multa de 14.000 dólares, se desprende de una denuncia de la canciller Sommerfeld, por violencia política de género.
Los abogados de la Vicepresidenta, Damián Armijos y Dominique Dávila, pidieron al TCE que esta causa sea elevada a la Corte Constitucional.
Ambos consideran que el TCE «no puede suspender los derechos de participación a un Presidente o Vicepresidente, pues la Constitución establece causales específicas para su destitución».
Este viernes, Abad dijo en su red social X que, «ante el atropello a la democracia y el orden constitucional» ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General la noticia del «presunto delito de previcariato por suspender los derechos políticos a la Vicepresidenta de la República, sin que esta potestad esté permitida por la Constitución», denunció.
Además, reveló que «tal extralimitación también está en conocimiento de la Asamblea Nacional, que debe fiscalizar y controlar esta acción arbitraria según el art. 19 del Código de la Democracia», reiteró.
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