La Policía Nacional investiga un presunto esquema de lavado de activos luego del crimen de alias “Marino”, cabecilla del grupo delictivo Los Lagartos, el pasado 7 de enero en Samborondón. Las pesquisas se intensificaron tras los allanamientos realizados luego del crimen en la isla Mocolí, donde fueron intervenidas tres viviendas de alto valor.
De acuerdo con un reporte del canal Ecuavisa, los inmuebles allanados en Isla Mocolí, etapa La Península, constan a nombre de Soring International Soringter S.A., una empresa activa dedicada a la construcción de carreteras. Como accionista principal y gerente general de la compañía figura Bryan Bryron Soria Álava, asesinado el 26 de noviembre mientras se movilizaba en un vehículo de alta gama.
Registros oficiales señalan que Soring International posee, además de las tres casas en Mocolí, un cuarto inmueble en otro sector de Samborondón. A esto se suma una quinta vivienda, también en ese cantón, registrada a nombre de Soria y de su esposa, Catherine Coronel.
En el ámbito tributario, la empresa pagó USD 106.000 por impuesto a la renta en 2024, mientras que en 2025 no registra pagos. Como persona natural, Soria tuvo participación en cinco empresas, algunas en liquidación o vinculadas a rubros como blindajes, sin que consten aportes por impuesto a la renta.
Las investigaciones también analizan posibles vínculos entre Soria y alias “Marino”. Aunque Olivero Vargas no tenía inmuebles registrados en Samborondón ni en Mocolí, aparecía vinculado a al menos ocho empresas, varias de ellas activas, en sectores como camarón, importaciones, exportaciones y seguridad privada. Varias de estas compañías fueron constituidas entre 2021 y 2025, con capitales bajos y mínimo o nulo pago de impuestos.
Pese a no figurar como propietario, los investigadores presumen que alias “Marino” mantenía nexos indirectos con propiedades en Samborondón. Una de las hipótesis apunta a que una de las viviendas allanadas en Isla Mocolí estaba destinada a ser ocupada por su prometida, Micaela Morales, quien actualmente se encuentra fuera del país.
Con ambos crímenes, estructuras empresariales y bienes de alto valor quedaron bajo escrutinio. La hipótesis central de las autoridades es la existencia de un esquema de lavado de activos, que deberá ser confirmado o descartado en el marco de las investigaciones en curso, para establecer si el patrimonio corresponde a actividades legales o a fachadas financieras del crimen organizado.
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