El colectivo ambientalista Yasunidos presentó este miércoles ante la Corte Constitucional (CC) una demanda contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, por incumplimiento de los resultados de la consulta popular del 20 de agosto del 2023, sobre la explotación petrolera en el Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní.
El abogado del colectivo, Agustín Grijalva, explicó que la acción se fundamenta en el incumplimiento del resultado vinculante de la consulta popular y del dictamen de la Corte Constitucional, que establecía un plazo máximo de un año para ejecutar el retiro progresivo y ordenado de todas las actividades extractivas en el bloque.
“Se ha incumplido tanto el resultado de la consulta como el dictamen de la Corte, que ordenó medidas claras y plazos concretos para el cierre de operaciones. Hasta hoy, la explotación petrolera continúa”, señaló Grijalva al presentar la demanda.
El mandato ciudadano sigue sin cumplirse
En la consulta popular de 2023, la opción “Sí” —que proponía mantener el crudo del ITT bajo tierra— obtuvo 5,5 millones de votos (59%), frente a 3,8 millones (41%) del “No”. El fallo de la Corte Constitucional determinó que el Estado debía cesar la extracción y evitar nuevas contrataciones petroleras en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados en el corazón del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta y declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1989.
Sin embargo, según Yasunidos, el Gobierno ha mantenido la producción petrolera activa. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hidrocarburos, hasta el 11 de noviembre de 2025 se seguían extrayendo 44.470 barriles diarios, lo que contradice el mandato ciudadano.
“El Gobierno confunde el retiro de infraestructura con la suspensión de la explotación petrolera. Lo que ordenó el pueblo fue detener la producción, no simplemente desmontar equipos”, afirmó Pedro Bermeo, coordinador jurídico de Yasunidos.
Lo que pide Yasunidos a la Corte Constitucional
En la acción presentada, el colectivo solicita a la Corte que:
- Suspenda inmediatamente toda actividad petrolera en el bloque 43 (ITT).
- Ordene la elaboración de un cronograma técnico para el cierre progresivo de la planta petrolera.
- Sancione con destitución a las autoridades responsables del incumplimiento.
La demanda también incluye el incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2024, en la que se condenó al Estado ecuatoriano por mantener operaciones extractivas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas amazónicos.
El bloque ITT —que integra los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini— se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní y del territorio ancestral huaorani. En 2007, el Ecuador lanzó la Iniciativa Yasuní-ITT, que proponía mantener el crudo bajo tierra a cambio de una compensación internacional. Sin embargo, el proyecto fue abandonado en 2013 por el entonces presidente Rafael Correa, quien autorizó la explotación petrolera.
Desde entonces, Yasunidos ha mantenido una lucha legal y social para proteger el Yasuní y frenar la extracción de crudo. En 2023, tras casi una década de litigios, el colectivo logró que la pregunta llegara a las urnas, constituyéndose en el primer proceso de democracia directa ambiental de Ecuador.
“No se trata solo de cumplir con una consulta, sino de respetar la voluntad popular y los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución”, expresó Grijalva.
La Corte Constitucional deberá ahora calificar y admitir a trámite la acción, en medio de un escenario político marcado por las tensiones entre las políticas extractivas del Gobierno y los compromisos ambientales del Estado ecuatoriano.
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