La compañía Linderos-Mining S.A.S. presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad en contra de la denominada tasa minera, alegando que el cobro vulnera derechos constitucionales y se superpone a otras contribuciones ya existentes.
La empresa, representada legalmente por su gerente general, Pablo Francisco Morelli Roa, argumentó ante la Corte Constitucional que desde 2021 ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales vinculadas al proyecto minero Linderos, el cual comprende cuatro concesiones: Chorrera, Dynasty 1, Linderos E y Naranjo. Según el registro oficial, Linderos-Mining ha pagado más de $ 631.000 en concepto de patentes de conservación durante los últimos cuatro años.
La demanda sostiene que estos pagos ya alimentan el Presupuesto General del Estado a través del Servicio de Rentas Internas, y que son distribuidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para financiar las competencias constitucionales de diversas entidades públicas.
La compañía además recordó que cuenta con el correspondiente Registro Ambiental para la fase de exploración, otorgado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en septiembre de 2021, lo cual respalda la legalidad de sus operaciones en territorio ecuatoriano.
Con esta acción legal, Linderos-Mining se suma a una creciente lista de empresas del sector que cuestionan la legalidad de la tasa minera. El argumento central gira en torno a una posible doble tributación y la falta de claridad sobre el destino y uso específico de estos nuevos recursos.
La Corte Constitucional deberá ahora analizar si la tasa minera contraviene disposiciones como los artículos 313, 319, 393, 396 y 408 de la Constitución, que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y el papel del Estado como administrador exclusivo.
La primera demanda fue presentada el pasado 1 de julio por la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, subsidiaria de la minera australiana Hancock Prospecting.
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