La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó dos denuncias formales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) por una presunta infracción electoral vinculada a la no presentación de cuentas de campaña durante el proceso de la consulta popular sobre el bloque 43 del Yasuní-ITT.
De acuerdo con los documentos ingresados al TCE, Atamaint presentó el 17 de octubre de 2025 una denuncia contra Leonidas Iza Salazar, expresidente de la Conaie; Zenaida Yasacama, responsable del manejo económico; y Patricia Lalvay, jefa de campaña de la organización.
En el escrito, la titular del CNE argumentó que los representantes incumplieron la obligación de rendir cuentas sobre los recursos utilizados en la campaña que promovió el voto por el “sí”, opción que impulsaba mantener indefinidamente bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní.
Una semana antes, el 10 de octubre de 2025, Atamaint había interpuesto una denuncia similar contra los dirigentes de la UNE, entre ellos Guillermo Estrella Rodríguez, Laura Vargas Torres y Víctor Quishpe Iiguan, también por no entregar los informes económicos de la misma campaña.
Ambas denuncias se remitieron con anexos y soportes digitales, en los que la presidenta del CNE y sus abogados sostienen que las organizaciones sociales incurrieron en una infracción electoral al no presentar las cuentas dentro del plazo legal establecido en el Código de la Democracia.
La normativa electoral ecuatoriana sanciona con suspensión o eliminación de las organizaciones políticas, ante el incumplimiento de esta obligación. Esto les impediría participar en futuros procesos electorales.
Aunque la consulta popular del Yasuní, celebrada en agosto de 2023, dio como resultado un triunfo del “sí”, el CNE mantiene procesos administrativos y de control sobre las agrupaciones que participaron activamente en la campaña, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos electorales.
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