El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca reintroducir la minería en el país para transformar su economía.
Con ese objetivo, el mandatario solicitó al Congreso, dominado por su partido, la derogación de la prohibición de la minería metálica vigente desde 2017.
Bukele afirmó que es «absurdo» que la minería esté prohibida en el país que posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo», por lo que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley.
«Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131.565 millones de dólares. Esto equivale al 380% del PIB», publicó Bukele en la red X el 27 de noviembre, sin revelar la autoría de esas indagaciones.
«Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana», declaró días después.
Los anuncios de Bukele encendieron alarmas y unos 300 activistas, entre ellos unos sacerdotes franciscanos, se manifestaron este martes afuera del Congreso.
Los manifestantes entregaron una carta al Legislativo suscrita por el Foro Ecuménico (que aglutina a las iglesias católica y protestantes) y una docena de oenegés, que afirma que reactivar la minería sería «una decisión irresponsable».
«Una cosa es poner una mina en el desierto de Atacama [en Chile] y otra es abrir una mina a cielo abierto en Chalatenango (norte de El Salvador], donde tenemos una alta densidad de población, donde están las pocas reservas forestales» del país, dijo a la agencia de noticias AFP el activista Pedro Cabezas.
Un colectivo de organizaciones que lucharon por la ley antiminería afirmó que la explotación minera provocaría «escasez y contaminación del agua».
Mientras tanto, Bukele publicó en X un mapa que ubica los yacimientos en zonas montañosas de este a oeste, sobre todo por el norte, por donde pasa el río Lempa.
En 2016, El Salvador ganó un arbitraje a Pacific Rim Cayman, que fue adquirida por la minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que le reclamaba 250 millones de dólares por negarle un permiso de extracción en 2009.
Fuente: AFP
