Una jueza procesó a siete uniformados por extralimitación en actos de servicio tras el fallecimiento de Bryan Ledesma. Dos de los implicados permanecerán recluidos.

Cerca de la medianoche del sábado 21 de marzo, la justicia dictó prisión preventiva para dos militares. Los otros cinco procesados recibieron medidas alternativas.

Estos últimos deberán usar grillete electrónico y presentarse periódicamente en Latacunga. Además, la magistrada les prohibió la salida del país durante los 90 días de instrucción.

La Fiscalía General del Estado acusa al grupo por el presunto delito de extralimitación de funciones. El caso surge tras la muerte del joven Bryan Ledesma.

Detalles de una captura elusiva

Los uniformados pertenecen a la Brigada Quinto Guayas y fueron aprehendidos el viernes 20 de marzo. Inicialmente, las autoridades los buscaron en una base en Marcelino Maridueña.

Sin embargo, los sospechosos no se encontraban en dicho recinto al momento del operativo. Horas más tarde, la Policía los localizó en la Base militar de La Troncal.

Entre los procesados figuran un teniente, dos sargentos y cuatro cabos segundos. El propio comandante de la brigada presentó la denuncia formal contra sus subordinados.

Relato de tortura y agresiones

Según el fiscal, los militares detuvieron a Ledesma el 16 de marzo mientras regresaba de pescar. La patrulla “ECO KILO” habría interceptado al joven en La Chontilla.

Los testimonios indican que los uniformados golpearon a la víctima y a un acompañante durante 40 minutos. Utilizaron puñetes, patadas y palos durante la agresión.

La Fiscalía denunció que aplicaron descargas eléctricas a Ledesma en un charco de agua. Los cables tocaron su espalda, pecho y lengua hasta causarle un desmayo.

Abandono en casa de salud

Testigos grabaron el momento en que los militares subieron el cuerpo de Ledesma a una camioneta. Posteriormente, lo abandonaron en el hospital del IESS en Milagro.

Los médicos de la casa de salud confirmaron que el joven llegó sin signos vitales. Los uniformados se retiraron del sitio sin reportar el incidente al ECU 911.

Un sobreviviente del ataque identificó al cabo Franklin T.S. como el autor de las descargas. El testigo afirmó que se salvó de ser baleado por una transeúnte.

Irregularidades en el operativo

El alto mando militar confirmó que la patrulla no tenía autorización para realizar dicho operativo. Además, el sector intervenido no correspondía a su jurisdicción asignada.

La defensa de los militares cuestionó la legalidad de las aprehensiones. También señalaron los antecedentes penales de la víctima para desestimar las acusaciones de la Fiscalía.

No obstante, la jueza recordó que el Estado debe garantizar la vida de cualquier detenido. La extralimitación en actos de servicio puede sancionarse con hasta 13 años de cárcel.

Tensión en audiencia telemática

La diligencia virtual contó con más de 200 asistentes y duró cuatro horas. Durante la transmisión, varios usuarios interrumpieron con insultos hacia la jueza y el fiscal.

Al finalizar la lectura de la resolución, una persona calificó de “corrupta” a la magistrada. Ante esto, la jueza ordenó la emisión inmediata de las boletas de encarcelamiento.