Un juez acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y dictó prisión preventiva este jueves para seis procesados por el delito de presunta asociación ilícita en el marco de una investigación por corrupción dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil.
Según la Fiscalía General del Estado, los seis detenidos habrían participado en la omisión irregular de partes y sentencias de tránsito con el propósito de evadir órdenes de detención y encarcelamiento de infractores.
Los implicados fueron capturados la madrugada del 22 de octubre durante nueve allanamientos simultáneos ejecutados en Guayaquil y Durán, tanto en domicilios particulares como en oficinas de la ATM y del Complejo Judicial Florida Norte.
Entre los procesados se encuentran la procuradora de la ATM, dos agentes de tránsito y un abogado en libre ejercicio, además de otros funcionarios investigados.
El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que esta presunta red de corrupción tendría vínculos con la organización delictiva Los Chone Killers, una banda que —según las investigaciones— ha expandido su influencia en Guayaquil y Durán, infiltrándose incluso en instituciones públicas como el Cuerpo de Bomberos y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de la red y la posible participación de otros funcionarios en los actos ilícitos.
ATM se pronuncia sobre las detenciones anunciadas por el ministro Reimberg
La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) respondió a las declaraciones del ministro Reimberg sobre las detenciones anunciadas al interno del organismo. ATM señaló que no se originaron por hallazgos externos, sino por investigaciones internas impulsadas por la propia institución.
Según informó la ATM en un video publicado en su cuenta de X, las alertas, las indagaciones administrativas y la denuncia penal presentada el 1 de mayo de 2025 fueron remitidas oportunamente a la Fiscalía, antes de cualquier intervención del Gobierno central.
El CEO del Municipio de Guayaquil, Fernando Cornejo, recordó que el pasado 2 de septiembre se acordó fortalecer la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la ATM en materia de flagrancia. Sin embargo, advirtió que el proceso actual “ya no responde a criterios técnicos, sino políticos”, y lo calificó como una “persecución” destinada a intimidar al cabildo porteño.
Vínculo de los detenidos con la ATM
El gerente general de la ATM, Fernando Navas, precisó que de las seis personas detenidas, solo tres mantienen vínculo laboral vigente con la entidad. Dos exfuncionarios, de apellidos Castro y Carrera, fueron separados meses atrás, mientras que la sexta persona nunca formó parte de la institución.
Navas recordó que la denuncia contra el agente Mina fue presentada el 1 de mayo y que, en paralelo, se abrió un sumario administrativo aún en curso. La ATM implementó desde entonces medidas correctivas y solicitó apoyo de la Judicatura y la Fiscalía para reforzar los controles de flagrancia y transparencia institucional.
El coordinador legal del Municipio, César Poveda, cuestionó la falta de pruebas presentadas por el Ministerio del Interior y advirtió que las insinuaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado “carecen de sustento legal y vulneran el debido proceso”.
La ATM sostuvo finalmente que esta escalada mediática se produce tras la controversia generada por la visita de un vehículo de Industrial Molinera, del grupo Noboa, a la casa del principal sospechoso del atentado en La Bahía de Guayaquil. “Se intenta sustituir la rendición de cuentas por un montaje político”, señaló la institución.
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