La Procuraduría General del Estado aclaró en un comunicado que su reciente pronunciamiento sobre la destitución de un servidor público luego de un sumario administrativo, no hacía referencia a la vicepresidenta Verónica Abad, quien enfrenta un proceso de ese tipo por parte del Ministerio del Trabajo.
La Procuraduría detalló que su pronunciamiento fue en respuesta a la consulta que realizó el secretario de Integridad Pública, José Neira, el pasado 5 de septiembre a esa entidad.
En el requerimiento, Neira consultó a la Procuraduría si “un servidor público, que luego del correspondiente sumario administrativo hubiera sido destituido, podía continuar ejerciendo otro cargo público (del cual no ha sido destituido) o se encuentra inhabilitado para ejercer dicho cargo de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 49 de la Ley Orgánica del Servicio Público”.
En este sentido, el organismo jurídico alegó que:
1. La destitución, como sanción administrativa, puede darse a consecuencia de la configuración de cualquiera de las causales plasmadas en el artículo 48 de la LOSEP, entre las que se encuentra el abandono injustificado del trabajo por más de tres días consecutivos.
2. El servidor público que haya sido legalmente destituido se encuentra inhabilitado por el período de dos años para ejercer otro cargo público. Asimismo, en caso de que dicho funcionario preste servicios paralelamente en otra institución pública (como el caso de los docentes universitarios), este se encuentra impedido de continuar laborando en la otra institución, de conformidad con lo previsto en los artículos 12, 15 y 49 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el numeral 3 del artículo 12 del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-067”.
De igual manera, la Procuraduría especificó que “realiza un trabajo técnico y jurídico, exclusivamente. No se pronuncia sobre casos específicos o particulares, sino que se limita a emitir sus absoluciones de manera general”.
Esto, luego de que el documento, que circula este viernes 4 de octubre en redes sociales, causara polémica en esta nación sudamericana.
El pasado 30 de septiembre, la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal, negó la acción de protección presentada por la vicepresidenta Abad contra el Ministerio del Trabajo.
De esa forma, la cartera de Estado podrá llevar a cabo el sumario administrativo contra Abad por “abandonar Israel de manera tardía”.
Con esa medida, la administración pública determinará si ella cometió o no las faltas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público.
Según las responsabilidades encontradas, el funcionario investigado puede ser destituido. Sin embargo, la normativa establece que esto no aplica para el presidente o vicepresidente.
Recientemente, la ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez, confirmó que la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos pidió un informe técnico sobre el caso, considerando que Abad llegó a Ankara el 9 de septiembre, pese a que debía viajar antes del 1 de septiembre.
Entretanto, la Cancillería aseguró que envió un memorando a la embajadora de Ecuador en Tel Aviv detallando la fecha exacta en la que debía viajar Abad y aseguró que el traslado hacia Ankara respondió a varios pedidos de la propia vicemandataria.
El 8 de diciembre de 2023, el presidente Daniel Noboa envió a la vicemandataria Abad a Tel Aviv como embajadora y colaboradora para la paz.
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