La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que, con la orden obtenida por el tribunal de ejecución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, se procedió al embargo de los bienes inmuebles del excontralor general Carlos Pólit Faggioni, sentenciado por el delito de concusión y prófugo de la justicia ecuatoriana.
El exfuncionario no ha pagado los USD 40,4 millones que la Corte estableció como reparación integral al Estado dentro de la sentencia por el delito de concusión, emitida en junio de 2018 y ratificada en diciembre de 2024.
“Tras la negativa del sentenciado a cumplir con la obligación pecuniaria, la Procuraduría activó los mecanismos de ejecución forzosa previstos en la ley”, señaló la institución en un comunicado.
Investigación patrimonial y ejecución forzosa
Según la PGE, el embargo es resultado de una investigación patrimonial y financiera iniciada en la fase de ejecución de la sentencia.
Los bienes embargados serán rematados y monetizados, conforme al procedimiento legal, para restituir al Estado parte de los recursos desviados por actos de corrupción.
Hasta el momento, se ha confirmado la incautación de una suite en un hotel del centro norte de Quito, con su parqueadero y bodega. La Procuraduría no precisó cuántos bienes adicionales fueron embargados ni su valor total.
“Este embargo garantiza que los activos serán destinados a su posterior remate y monetización, asegurando la restitución de los recursos al Estado”, subrayó la entidad.
El caso Pólit y sus condenas
Carlos Pólit fue contralor general del Estado entre 2007 y 2017, y su gestión estuvo marcada por cuestionamientos y denuncias de corrupción. En Ecuador, fue condenado por recibir USD 10,1 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, a cambio de facilitar su retorno al país y eliminar glosas relacionadas con contratos públicos.
Tras su salida del cargo, huyó a Estados Unidos, donde en octubre de 2024 fue sentenciado a 10 años de prisión (120 meses) y tres años de libertad supervisada por lavado de activos, delito vinculado a los mismos hechos de corrupción.
La Procuraduría ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales para recuperar los fondos públicos desviados por corrupción y hacer cumplir las obligaciones impuestas por la justicia.
“La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso de garantizar la restitución de los recursos al pueblo ecuatoriano y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos”, concluyó el comunicado oficial.
Post relacionados
