Procuraduría-15-11-20

Procuraduría embargó bienes de María Sol Larrea en El Empalme y Guayaquil

Tras la sentencia por enriquecimiento ilícito, la Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado (PGE) embargó los derechos y acciones en ocho solares a nombre de María Sol Larrea excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su esposo. Los terrenos suman una superficie de 1.900 metros cuadrados que se ubican en el barrio Teca, cantón El Empalme en Guayas -a tres horas de Guayaquil-.

Según un comunicado que emitió la PGE, los moradores del sector dieron a conocer que Larrea tenía pensado construir una clínica privada. Santiago Terán, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos, lideró la diligencia.

Dentro del cumplimiento de la misma sentencia, la PGE embargó también los derechos y acciones que Larrea tenía sobre un consultorio en el edificio Torre Médica 2, de Guayaquil.

Según el procedimiento, después del embargo, los bienes serán valorados por un perito, como paso previo a su remate. En el comunicado, la Procuraduría también informó que en el ejercicio de la representación judicial del Estado ecuatoriano. Agotará los mecanismos y ejercerá las acciones previstas en la Ley para que los sentenciados cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país.

La sentencia

María Sol Larrea enfrenta un juicio por presunto lavado de activos. El próximo lunes 16 de noviembre se reinstala la audiencia de juicio que la Corte Nacional de Justicia sigue en su contra. Y en la que también están investigados dos ciudadanos y siete personas jurídicas por presunto lavado de activos. Según Fiscalía, María Sol Larrea, junto con su esposo y cuñado (Marcelo E. y Carlos E., respectivamente) habría obtenido contratos por aproximadamente $91,1 millones en el periodo 2008-2018. Tiempo en el que la exfuncionaria ocupó altos cargos públicos (entre 2008 y2015).

La unidad de la Procuraduría se creó para ejercer el patrocinio del Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas dentro de casos penales de corrupción que incluyen a exservidores públicos.