El Pleno de la Asamblea Nacional analizó este viernes, 30 de mayo, en primer debate, el proyecto de Ley Orgánica denominada “Ley de Solidaridad Nacional” y calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
La propuesta, sustentada en el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, busca la implementación de regímenes especiales en el ámbito tributario y penal, como respuesta al conflicto armado interno que atraviesa el país.
Su objetivo principal es desarticular las estructuras económicas del crimen organizado y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en el marco del respeto a las garantías constitucionales, preservar la seguridad ciudadana, garantizar la estabilidad del sistema económico-financiero y promover la reactivación económica de las zonas más afectadas por la violencia.
La asambleísta Valentina Centeno, ponente y presidenta de la comisión, destacó que esta iniciativa representa una respuesta firme y unitaria frente al crimen organizado, con incentivos económicos y reformas penales que refuerzan el accionar del Estado.
“Esta es una lucha del Estado, pero también del pueblo”, afirmó. Centeno subrayó además que esta ley “es un acto de compromiso con la justicia, la democracia y la seguridad del Ecuador.
En total intervinieron 18 legisladores quienes, en su mayoría, expresaron su respaldo a esta propuesta, destacando que está alineada con medidas adoptadas por otros países en contextos similares, promoviendo una alianza efectiva entre lo público y lo privado, cimentada en la solidaridad y respaldada por incentivos tributarios claros para fortalecer a las fuerzas del orden.
Andrés Gushmer, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), propuso destinar parte de los recursos recuperados al bienestar de la niñez y adolescencia.
“Los niños y los jóvenes no son el futuro sino también el presente de la nación. Me parece que sería importante que parte de los recursos que puedan recuperarse del crimen organizado se dirijan a niños y adolescentes”, enfatizó.
Desde la misma bancada, el legislador Andrés Castillo respaldó el contenido del proyecto, sugiriendo que se incorpore la protección de la identidad de policías, jueces, fiscales y víctimas que han sido blanco del crimen organizado. “Es fundamental resguardar a quienes arriesgan sus vidas en esta lucha”, afirmó.
Por su parte, el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que es momento de adoptar una postura firme frente a la inseguridad: “Tenemos que implementar la mano dura contra la delincuencia para detener esta batalla que la tiene ganada el crimen organizado. Necesitamos leyes fuertes por parte de la Asamblea y acciones reactivas por parte del Ejecutivo”.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, la legisladora Jahiren Noriega destacó que, pese a las diferencias ideológicas, hay puntos en común entre su movimiento y ADN, especialmente el compromiso con devolver la seguridad al país. “Queremos respaldar a las fuerzas policiales y militares, y devolver la tranquilidad a los ciudadanos”, expresó.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto se destacaron deducciones tributarias especiales, el reconocimiento del conflicto armado interno, disposiciones sobre el uso legítimo de la fuerza, identificación de objetivos militares, bienes incautables, procedimientos penales especiales, medidas cautelares y garantías constitucionales, así como una fase transitoria con apoyo subsidiario una vez superado el conflicto.
Además, establece que el Ejecutivo podrá, mediante decreto y con dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, otorgar beneficios anuales a pequeños y medianos productores, así como a jóvenes emprendedores vinculados a la economía popular y solidaria.
Al concluir el debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, dispuso que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate.
Post relacionados
