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¿Por qué dos policías condenados rechazaron el indulto?

Seis policías son procesados por presunta agresión a familia en Quito

Los agentes Diego Trujillo y Leonardo Montalvo declinaron el beneficio presidencial debido a que la medida extingue la prisión pero mantiene intactos sus antecedentes penales.

El historial institucional limpio constituye el motivo central por el cual los policías Diego Trujillo y Leonardo Montalvo rechazaron el indulto gubernamental. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló esta postura jurídica este 6 de junio de 2026.

Los uniformados optaron por continuar la batalla legal en las cortes ordinarias antes que aceptar una gracia presidencial que sepultaría sus carreras profesionales.

El vacío legal que frena sus ascensos

La legislación nacional determina que el indulto suspende el cumplimiento de los 17 años de cárcel dictados por presunta extralimitación de la fuerza.

Sin embargo, este mecanismo legal carece de la facultad jurídica para eliminar la sentencia condenatoria de los registros y archivos del Estado.

El antecedente penal permanecería visible en la hoja de vida de los agentes, bloqueando de forma definitiva cualquier postulación para futuros ascensos en las filas policiales.

El viraje en la estrategia del Gobierno

La decisión individual de los procesados forzó un cambio de planes en el equipo legal de la Presidencia de la República.

El Gobierno Nacional ya no aplicará el perdón político, sino que intervendrá de manera directa dentro del juicio con toda la estructura jurídica estatal.

El Ministerio del Interior buscará la ratificación de inocencia de los policías para corregir el dictamen que generó rechazo en las autoridades y la ciudadanía.

El operativo que originó la condena

La causa judicial se remonta al 24 de septiembre de 2016, cuando ambos servidores persiguieron en Quito a los presuntos asaltantes de unos guardias privados.

El operativo derivó en un intercambio de disparos en la vía pública, donde Trujillo causó la muerte de uno de los sospechosos en moto.

La justicia penal utilizó los videos de seguridad de la zona como prueba principal para sentenciar a los uniformados por el uso letal de sus armas.

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