El Tribunal de Garantías Penales mantuvo al alcalde de Guayaquil en la cárcel de Santa Elena. Los jueces dictaron medidas para corregir fallas logísticas y tecnológicas.
El Tribunal especializado en corrupción y crimen organizado negó este sábado 14 de marzo de 2026 el traslado de Aquiles Alvarez a Quito. La defensa del alcalde de Guayaquil buscaba que el procesado dejara la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Los magistrados rechazaron la solicitud presentada durante la audiencia de juzgamiento del Caso Triple A. Pese a los reclamos por fallas en la comunicación, el tribunal decidió mantener la reclusión del funcionario en el centro costero.
Argumentos de la defensa y vulneración de derechos
Ramiro García Falconí, abogado del alcalde, sostuvo que el aislamiento del centro penitenciario y la mala conectividad perjudican el proceso. Según la defensa, estos problemas impiden una comunicación fluida entre el equipo legal y el procesado.
García Falconí enfatizó que las condiciones actuales vulneran el derecho a la defensa. Sin embargo, tras escuchar los alegatos, el tribunal determinó que no existían méritos suficientes para autorizar el cambio de cárcel.
Disposiciones para asegurar el debido proceso
Aunque negaron el traslado, los jueces emitieron cuatro órdenes para garantizar los derechos de los 22 acusados. El SNAI deberá informar de inmediato los horarios disponibles para que los abogados visiten físicamente a sus clientes.
Además, el tribunal solicitó al Consejo de la Judicatura un informe técnico sobre una posible filtración de diálogos privados. Se investiga si operadores del sistema transmitieron conversaciones confidenciales entre el procesado César Bravo y su defensa.
Suspensión de audiencia y plazos para Fiscalía
La diligencia programada para el domingo 15 de marzo quedó suspendida debido a los pendientes judiciales. El tribunal también ordenó que la Fiscalía entregue su lista de testigos con 48 horas de anticipación a la reinstalación.
Esta medida busca que los abogados defensores tengan tiempo suficiente para preparar sus estrategias de contradicción. Mientras tanto, los problemas de conectividad desde Santa Elena continúan dilatando el calendario de este juicio oral.
Alcance del Caso Triple A
Aquiles Alvarez y otros 21 implicados enfrentan cargos por la presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados. La red habría desviado hidrocarburos destinados a sectores estratégicos para fines comerciales ilícitos.
La investigación estima un perjuicio millonario contra el Estado ecuatoriano. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas, fase determinante para establecer las responsabilidades de los involucrados.
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