La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este jueves, con ocho votos a favor y dos en contra, el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), calificado como urgente en materia económica.
Con esta decisión, la propuesta pasará al Pleno legislativo para su tratamiento. El proyecto plantea cambios en la estructura presupuestaria de los GAD. Según el Ejecutivo, el objetivo es incrementar progresivamente el porcentaje destinado a inversión pública y optimizar el uso de recursos en los territorios.
Debate en la comisión enfrentó posturas entre oficialismo y oposición
Durante el tratamiento del informe, el debate se centró en el impacto presupuestario que tendría la reforma. Legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) advirtieron que la normativa podría generar reducciones en las asignaciones presupuestarias para los gobiernos locales que no cumplan con las metas de inversión establecidas, lo que —según señalaron— afectaría la ejecución de proyectos territoriales.
En contraste, legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) defendieron la propuesta y sostuvieron que la reforma generará beneficios para la ciudadanía, al fijar mínimos obligatorios de inversión en alcaldías y prefecturas y fortalecer los mecanismos de control del gasto público. También se planteó la necesidad de aplicar el cumplimiento de las metas de inversión de manera gradual en los próximos años.
Alcaldes y prefectos piden el archivo del proyecto
La aprobación del informe se produce en medio de cuestionamientos de alcaldes, prefectos y representantes de juntas parroquiales, quienes solicitaron el archivo de la iniciativa al advertir que las modificaciones podrían afectar la ejecución de proyectos sociales y comunitarios.
Las autoridades locales sostienen que la reclasificación del gasto público limitaría la capacidad de los GAD para financiar programas sociales, educativos, deportivos y de salud, además de dificultar la planificación presupuestaria y la continuidad de servicios territoriales. También señalaron que la propuesta podría reducir las asignaciones presupuestarias y afectar la ejecución de obras públicas en distintas provincias.
Debate sobre la clasificación del gasto y la inversión territorial
Uno de los principales puntos de controversia es la redefinición de la clasificación del gasto, que podría considerar la contratación de profesionales para programas sociales como gasto corriente, lo que —según autoridades locales— dificultaría cumplir las reglas fiscales aplicables a los gobiernos seccionales.
Asimismo, representantes de gobiernos parroquiales advirtieron que la reforma podría impactar la transferencia de recursos hacia las zonas rurales, afectando la operación de proyectos comunitarios y la continuidad de servicios locales.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto propone que los gobiernos locales destinen de forma gradual hasta el 70% de su presupuesto institucional a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, meta que se aplicaría progresivamente hasta el año 2029, con cronogramas diferenciados para los gobiernos parroquiales rurales.
Además, establece que las transferencias del Presupuesto General del Estado estarán condicionadas al cumplimiento de estas metas de inversión, manteniendo únicamente el piso constitucional de asignaciones para los gobiernos que no alcancen los porcentajes establecidos.
Autoridades locales solicitaron la apertura de mesas de diálogo técnico con el Gobierno y la Asamblea Nacional para revisar el alcance de la propuesta antes de su eventual aprobación.
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