El ministro del Interior, John Reimberg, publicó este jueves en su cuenta de X una imagen panorámica de la Cárcel del Encuentro terminada. “Foto mata cuento. Tengan“, escribió el funcionario en su red social. La difusión se produjo luego de una ola de críticas dirigidas al Gobierno por poner en funcionamiento el centro carcelario sin que la construcción estuviera concluida.
Los cuestionamientos surgieron desde el 10 de noviembre, cuando los primeros reclusos fueron trasladados a la nueva cárcel, ubicada en la provincia de Santa Elena, pese a que aún se evidenciaban trabajos en curso. Las propias imágenes oficiales mostraron maquinaria y personal ejecutando obras complementarias durante la fase inicial de operación.
El 12 de noviembre, el presidente Daniel Noboa reconoció públicamente que la infraestructura tenía un avance de apenas 35 % a 40 %, aunque aseguró que en un plazo de dos semanas alcanzaría el 80 %. Pese a ello, no se ha confirmado oficialmente si la obra ya fue concluida y los medios de comunicación solo han podido llegar hasta el camino de acceso, sin posibilidad de verificar directamente la infraestructura interna.
Traslados de alto perfil
Entre los privados de libertad trasladados a la Cárcel del Encuentro se encuentran figuras de alto perfil como:
- Pablo Muentes, exasambleísta sentenciado por el caso Purga.
- Alias “Invisible”, condenado por el asesinato de Fernando Villavicencio.
- Jorge Glas, exvicepresidente de la República.
- Alias “Palanqueta”, identificado como cabecilla de Los Lobos.
- Alias “Monstruo de Machala”, señalado por delitos violentos.
Según el Gobierno, todos los internos cuentan con atención médica, condiciones adecuadas y medidas estrictas de control.
La Cárcel del Encuentro alberga ya a más de 300 reclusos y está equipada con tecnología de seguridad avanzada para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Tiene capacidad para 800 personas y forma parte de la estrategia nacional de reordenamiento y control penitenciario ante la crisis carcelaria que vive el país.
El centro fue presentado por el Gobierno como la respuesta estructural a los episodios de violencia extrema que han afectado a las prisiones ecuatorianas desde 2021, donde más de 600 reclusos han sido asesinados en masacres vinculadas a disputas entre bandas criminales.
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