La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este jueves su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan los jueces anticorrupción en Ecuador, tras conocerse nuevos pedidos formales para reforzar su protección.
A través de un mensaje difundido en la red social X, la experta advirtió sobre “noticias alarmantes” relacionadas con la seguridad de jueces y operadores judiciales, en especial de aquellos que investigan casos de alto impacto vinculados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Según señaló, este escenario se agrava en un contexto marcado por la presencia del crimen organizado y denuncias de posibles vínculos con sectores del propio sistema judicial.
La relatora compartió una información relacionada con una carta enviada en diciembre por diez jueces anticorrupción al Consejo de la Judicatura, en la que cuestionan los informes de riesgo elaborados para su protección. Los magistrados sostienen que dichas evaluaciones “no reflejan la realidad”, pues concluyen que el nivel de riesgo disminuye con el tiempo, cuando —según ellos— la exposición pública de sus cargos incrementa las amenazas.
En el documento, hecho público el 26 de diciembre, los jueces también indicaron que han advertido sobre su situación de vulnerabilidad en al menos siete ocasiones previas. Hasta el momento, señalaron, únicamente se les ha asignado dos agentes policiales, sin logística ni presupuesto, lo que les obliga a cubrir de su propio bolsillo los gastos asociados a esa protección.
La misiva fue enviada después de que se conociera la renuncia del juez Carlos Serrano, quien habría denunciado presiones de un funcionario de la Judicatura y amenazas relacionadas con su actuación en un caso de lavado de activos que involucró a un narcotraficante de origen serbio. Serrano también formó parte del tribunal que dictó sentencia contra el extranjero.
Este episodio derivó en que el correísmo, principal fuerza política de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa, impulsara un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, debido a que su esposa participó como abogada defensora del procesado durante la etapa de investigación previa.
Satterthwaite recordó que ya en 2023 había advertido sobre la persecución de operadores de justicia en Ecuador, incluyendo amenazas de bomba y atentados contra complejos judiciales. Por ello, manifestó su inquietud al constatar que “los patrones de inseguridad persisten”, pese a los compromisos anunciados por el Estado para fortalecer la protección de jueces y fiscales.
“La intimidación y las presiones contra quienes investigan corrupción y delincuencia organizada ponen en riesgo la independencia judicial y constituyen una injerencia directa en el proceso judicial”, afirmó la relatora. En ese sentido, insistió en que es obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales, así como adoptar medidas efectivas para proteger su derecho a la vida.
“La inacción incrementa la vulnerabilidad de los operadores de justicia independientes y debilita el Estado de derecho”, concluyó.
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