La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la situación institucional en Ecuador, tras conocerse que Alexandra Villacís no ha podido asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura pese a una resolución constitucional a su favor.
“Recibo noticias preocupantes desde #Ecuador: me inquieta saber que (…) estaría siendo impedida de asumir el cargo (…) a pesar de la resolución constitucional de la semana pasada a su favor”, escribió la funcionaria en su cuenta de X el 31 de marzo de 2026.
El pronunciamiento se produce en medio de un conflicto administrativo que involucra a Villacís, exvocal suplente del organismo, quien reclama que el Ministerio del Trabajo no ha levantado un impedimento para ejercer cargos públicos, derivado de una notificación del Servicio de Rentas Internas (SRI) por una deuda que —según afirma— ya fue cancelada.
Fallo judicial y trabas administrativas
La controversia se intensificó luego de que una jueza aceptara un recurso de habeas data presentado por Villacís, ordenando corregir el impedimento registrado en su contra. Sin embargo, la medida no se ha ejecutado.
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, señaló que la disposición judicial “se vuelve inejecutable” debido a la falta de claridad sobre qué entidad debe realizar la rectificación, si su cartera de Estado o el SRI.
Advertencia sobre el Estado de derecho
En su pronunciamiento, Satterthwaite subrayó la importancia de respetar las decisiones judiciales: “El Estado de derecho exige que las decisiones constitucionales sean respetadas”.
Además, advirtió sobre el rol de los órganos de gobierno judicial: “Los Consejos de la Judicatura independientes son una piedra angular de la independencia judicial, y deben funcionar de manera autónoma e independiente”.
La relatora también indicó que este caso “parece alinearse con informaciones previas sobre la alarmante situación que enfrenta el sistema de justicia de Ecuador”, una preocupación que —según señaló— ha sido transmitida anteriormente a las autoridades del país.
El caso ocurre tras la salida de Mario Godoy de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, lo que abrió el proceso para su reemplazo conforme a la normativa vigente.
Sin embargo, la imposibilidad de que Villacís asuma el cargo ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre instituciones del Estado y el cumplimiento de decisiones judiciales.
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