La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, expresó preocupación este miércoles, 26 de marzo, por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspendió los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad.
“Sigo con preocupación los reportes provenientes de Ecuador sobre la sanción impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad, mediante resolución del Tribunal Contencioso Electoral, con base en una interpretación extensiva de la figura de violencia política contra las mujeres contenida en la legislación electoral ecuatoriana”, escribió la relatora de la ONU en su cuenta en X.
Alsalem recordó que en febrero de este año también expresó alarma por las denuncias de acoso y persecución política en contra de Abad.
“El mandato que ejerzo advierte sobre los riesgos del uso distorsionado de figuras legales vinculadas a la violencia política, especialmente cuando se emplean para restringir el ejercicio del poder a mujeres electas”, enfatizó.
Insistió en que, en este caso, preocupa particularmente que se haya aplicado una sanción de suspensión «de derechos políticos a una autoridad con mandato constitucional, sin que se haya demostrado violencia real, daño efectivo, ni afectación al ejercicio de funciones públicas».
Este martes, el TCE publicó la sentencia que suspendió por dos años los derechos de participación de la vicepresidenta, luego de ratificar la medida impuesta por el juez Guillermo Ortega, quien consideró a Abad responsable por violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld.
Aunque Abad puede pedir ampliación y aclaración, la sentencia ya no es apelable y es de última y definitiva instancia.
La suspensión de los derechos de participación de Abad genera una nueva controversia, pues muchos se preguntan si ello implicaría impedimento para ejercer la Vicepresidencia.
Tras el anuncio del TCE, Abad reveló que presentó ante la Fiscalía General una denuncia contra el juez Ortega, quien impuso la sentencia, que también implica una multa de 14.000 dólares.
“No existe una sola prueba de mis declaraciones que configuren violencia política de género. Aquí el juez Fernando Muñoz en la audiencia lo deja sentado. Por eso a Guillermo Ortega lo he denunciado por «prevaricato» ante la Fiscalía”, escribió Abad en su red social.
Este miércoles, Abad reiteró en una entrevista para la emisora Radio Pichincha que la suspensión de sus derechos de participación, por dos años, no significa la destitución y que solo la Asamblea Nacional está facultada para tomar esa decisión.
“No estoy fuera de mi cargo porque mi juez natural es la Asamblea Nacional. El cargo que tengo me lo dieron los ecuatorianos en las urnas en 2023”, enfatizó.
La vicemandataria ecuatoriana cuestionó las declaraciones que realizó la víspera el primer ministro José De La Gasca, quien aseguró que tras la decisión del TCE en contra de Abad, “el camino estaría libre para que el presidente (Daniel Noboa) pueda encargar debidamente el poder” para hacer campaña electoral con vistas a la segunda vuelta de los comicios, el próximo 13 de abril.
Según De La Gasca la decisión del Tribunal Electoral de suspender los derechos políticos de la vicepresidenta, allana el camino para que Noboa pueda encargar sus funciones a otro jerarca elegido por él.
Al respecto, Abad aclaró que la medida del TCE no es retroactiva y ella fue elegida en las urnas por los ecuatorianos.
Abad también rechazó que Noboa participara en el debate presidencial el domingo sin pedir licencia a la Asamblea, mientras ella supuestamente está impedida de ejercer su puesto.
“Entró a un debate presidencial, claramente rompiendo la institucionalidad, cometiendo una violación al estado de derecho de manera campante, sin que nadie le diga nada, ¿cierto? Y pues supuestamente estoy yo impedida de ejercer el cargo”, mencionó.
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