El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur, Jan Jarab, pidió este viernes 3 de enero al Estado ecuatoriano que investigue lo ocurrido con las cuatro menores víctimas de presunta desaparición forzada tras su detención por parte de miembros militares en Guayaquil.
“El Estado ecuatoriano debe investigar lo ocurrido con los cuatro niños víctimas de presunta desaparición forzada tras su detención por parte de miembros de las fuerzas armadas en Guayaquil, enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición de situaciones como esta, que representan una grave violación a los derechos humanos”, detalló un comunicado difundido en el sitio web de ACNUDH y en su red social X.
En el documento, ONU Derechos Humanos enfatizó que, al igual que la sociedad en su conjunto, ese organismo internacional “recibió con consternación la noticia de la identificación de los cuerpos de los menores de edad y, al mismo tiempo se solidarizó con las familias y condenó enfáticamente los hechos ocurridos.
“La Oficina recuerda que el Estado tiene un deber reforzado de protección de los niños, niñas y adolescentes, de su vida, su integridad y libertad personal, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño”, reiteró ACNUDH.
De acuerdo con ACNUDH, la información conocida hasta ahora por la Oficina coincide con lo dispuesto por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Por tanto, exigió que la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes. La Oficina recuerda que el delito de la desaparición forzada no se extingue por haberse encontrado los cuerpos.
Para el representante de ONU Derechos Humanos, “la investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando. Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias”, precisó.
Jarab subrayó además la urgencia de abordar otras denuncias de desaparición forzada que surgieron en el contexto de la visibilidad mediática de este caso, así como de adoptar todas las medidas necesarias para la no repetición.
“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”, añadió.
La Oficina ratificó su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas y a la sociedad ecuatoriana, reiterando su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas.
UNICEF se unió a las muestras de condolencias
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se unió a las muestras de condolencias emitidas para las familias de los cuatro niños desaparecidos y asesinados de Las Malvinas en Guayaquil.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Unicef aseguró que “esta pérdida irreparable deja una herida que atraviesa todo el país y que solo sanará en la medida en que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder”.
El pasado 31 de diciembre de 2024, la Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, Lena Savelli, también instó a una “investigación rápida” del crimen de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, confirmado este martes tras la identificación de los cuerpos sin vida encontrados en una zona cercana a la Base Aérea de Taura.
“Nunca es momento para tan dolorosa noticia, menos hoy. Hago votos por una investigación rápida, eficaz y transparente, que lleve hacia los responsables, y que impida que algo así vuelva a ocurrir. Mi corazón está con las familias de las víctimas”, dijo Savelli en la red social X.
La tarde del 31 de diciembre, la Fiscalía General del Estado confirmó que los cadáveres corresponden a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron aprehendidos por un grupo de 16 uniformados el pasado 8 de diciembre.
Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
Los 16 militares involucrados recibieron ese mismo día orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los niños fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
Fernando Bastias, abogado de los familiares de los cuatro menores fallecidos, cuestionó la labor de las Fuerzas Armadas del Ecuador y dijo que esta se realiza ‘al margen de la ley’, al no contar con los conocimientos para ello.
‘A propósito de estos operativos paralelos, que no teníamos conocimiento nosotros, que no tienen conocimiento los familiares, que no tienen conocimiento Fiscalía, y que por supuesto está en proceso investigativo, demuestra una vez más que la actuación de Fuerzas Armadas se está realizando en el margen de la ley y eso debería preocuparles a todos y a todas’, manifestó Bastias, representante del Comité Permanente de la organización de Derechos Humanos de Guayaquil.
Candidatos presidenciales, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como instituciones reaccionaron con dolor e indignación a la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.
