Representantes de Universidades cerradas denuncian al expresidente Correa por delincuencia organizada

Los representantes de 13 universidades cerradas en el gobierno del expresidente Rafael Correa, presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal por el presunto delito de delincuencia organizada contra él y tres exfuncionarios de ese régimen.

Los directivos acusan a Correa, Alexis Mera, Guillaume Long y René Ramírez de haber confiscado bienes muebles e inmuebles, fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar de las universidades que fueron cerradas, de manera “ilegal e inconstitucional”.

Según ellos, el delito se habría dado al “asaltar bienes que son eminentemente privados y que se inventaron la forma de poderlos secuestrar y llevar”.

Explican que el valor por el que fueron perjudicados asciende a más de 687 millones de dólares. Esa cifra sería la suma de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación que fueron confiscados. Aseguran que muchas infraestructuras ya fueron rematadas.

Armando Estrada, presidente de la Preasociación de Universidades Cerradas, señaló a la prensa que decidieron presentar la denuncia ahora debido a que no existía independencia judicial en los últimos nueve años.

Él considera que en ese tiempo se “ha manejado el poder institucional para callar a quienes fueron perjudicados”.

Luis Coloma, exrector de una de las universidades, señaló que se ha pedido a la Contraloría General del Estado que se extienda copia de los informes de los exámenes especiales realizados a las administraciones temporales de las universidades extinguidas.

Eso debido a que en esa época se pidió a “varios rectores y administradores de las universidades dinero a cambio de evitar el cierre y posterior extinción de estas”.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que conforme una comisión especial integrada por expertos en educación superior que exija los informes y testimonios de los evaluadores in situ y de los bienes, fondos en efectivo en las cuentas, los pasivos y cuentas por cobrar que se confiscaron a las universidades suspendidas.