“No puede tener el mismo sistema de rehabilitación un estafador y un violador”, mencionó el jurista Felipe Rodríguez tras analizar las masacres en las cárceles del país. Así, enfatizó que una de las medidas urgentes a tomar es la clasificación de los presos por su nivel de peligrosidad.
El jurista lamentó el asesinato de Abraham Muñoz, condenado por delincuencia organizada dentro del caso Actemra. Así, ejemplificó que una persona condenada por delitos económicos como el peculado o el tráfico de influencias, no debería compartir el mismo espacio que una persona condenada por sicariato o violación.
“Lo que nos indigna no es la violencia, sino la brutalidad con la cual otros seres humanos terminan sus vidas ya estando en tratos inhumanos como lo son las cárceles”, señaló la especialista en Derechos Humanos, María Dolores Miño.
La abogada señaló que, si bien la violencia no nació con el actual gobierno, sí debe ser responsable en brindar soluciones. “Supuestamente se entrenó 10 años para atender esta y otras crisis que vengan más adelante”, destacó.
En ello coincidió Rodríguez quien recalcó que la violencia no es culpa de los últimos gobiernos. Sino, que se trata de un tema histórico que inició con el nuevo siglo tras el auge del narcotráfico, la delincuencia y los cárteles de la droga. Sin embargo, también reiteró que todos los gobiernos son culpables por no invertir recursos económicos y de capacitación en temas de seguridad. “Hoy en día hay un panorama de gente inexperta en temas de seguridad”, alarmó.
Los modelos de seguridad de los últimos gobiernos
Rodríguez resaltó que durante el gobierno de Rafael Correa se invirtió en una nueva infraestructura carcelaria que estuvo muy cerca de eliminar el hacinamiento. Sin embargo, criticó que se trataban de Centros de Privación con un diseño caduco en el sistema penitenciario. Por ejemplo, indicó que se tratan de sistemas de concreto que no rehabilitan a los privados de la libertad, sino que los destruyen. “Hoy tenemos un gobierno, que como Correa tuvo la buena intención y tiene la buena intención de solucionarlo, pero están usando mecanismos del no experto”, lamentó.
Ello también criticó Miño que, además, reprochó que no existe una política pública en materia carcelaria. Además, que la actual crisis no se subsana con medidas de emergencia.
La jurista indicó que la política penitenciaria debe estar enfocada en los derechos humanos y la atención. Así, reiteró la necesidad en que el personal policial y los guías penitenciarios tengan un adecuado entrenamiento y recursos económicos.
