Este lunes, 10 de marzo, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se instaló la audiencia de juicio del denominado “caso Nene”, sobre un presunto tráfico de influencia que involucra a Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad.
Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía General del Estado señaló que, con la presentación de las pruebas correspondientes obtenidas durante la investigación, se probará que Barreiro “es responsable del delito de oferta de realizar tráfico de influencias”.
Según la Fiscalía, la investigación de esta causa partió de una denuncia colocada por Romel P. en el buzón de denuncias de la institución.
El denunciante, quien asiste al juicio en calidad de víctima, habría asegurado que temía por su seguridad, pues observó irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República.
Romel P. laboró entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 en la Vicepresidencia dirigida por Verónica Abad.
En su denuncia, Romel, informó que le ofrecieron un puesto de trabajo en la Vicepresidencia, pero que -a cambio- debería entregar un porcentaje de su sueldo. Para asegurar la entrega de ese dinero le hicieron firmar una letra de cambio por el total del aporte que debía cumplir en un año (30.600 dólares), detalló la Fiscalía en su red social X.
Daniel Lenín R. P., exasesor de la vicepresidenta Abad, es otro de los procesados en el caso Nene que fue llamado a juicio.
Sin embargo, debido a que la oferta de tráfico influencias no es un delito que puede ser juzgado en ausencia, y al encontrarse prófugo de la justicia, la etapa de juzgamiento para el exasesor se ha suspendido hasta que sea detenido o se entregue voluntariamente.
Dentro de su alegato de apertura, el fiscal Leonardo Alarcón, aseguró que con la prueba testimonial, pericial y documental anunciada demostrará que Francisco Sebastián B. A. adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto con el exasesor Daniel Lenín R. P., en solicitar parte del sueldo a una persona a la que habían ubicado en un cargo público en el interior de la Vicepresidencia de la República.
El delito de oferta de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), define penas de privación de libertad de tres a cinco años.
Estas podrían cambiar si se toman en cuenta las circunstancias agravantes definidas en los numerales 5 y 9 del artículo 47 del COIP.
Santiago Hernández, nuevo abogado de Francisco Sebastián B. A., dijo que estaba defendiendo a alguien que injustamente estaba siendo procesado y explicó que la teoría del caso que maneja se titulará: “Ausencia del imputado en la escena del delito”.
Hernández ofertó al Tribunal de Juicio probar que la noche del 8 de diciembre de 2023, Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Abad, estuvo junto con sus familiares despidiendo en el aeropuerto de Quito a su madre, quien iba a viajar a Israel.
También, dijo el abogado, probará que su cliente no se reunió con la presunta víctima, ni en el hotel que se estaría mencionando, ni en ningún otro lugar ese 8 de diciembre de 2023.
Por su parte, David Meza, abogado de la víctima Romel P., refirió que con el desfile probatorio que se presentará en esta audiencia de juicio demostrará que el vínculo de su cliente en este caso se inicia desde octubre de 2023, cuando se solicitan sus servicios profesionales en la campaña de Verónica Abad.
También, dijo Meza, evidenciará que Romel P. el 8 de diciembre de 2023 mantuvo una reunión con los dos procesados, en la que se le ofreció el cargo de coordinador general de Comunicaciones Estratégicas de la Vicepresidencia de la República.
Este lunes, la Fiscalía convocó a un perito y 10 testigos para la audiencia, que se retomará mañana.