El Municipio de Guayaquil denunció un nuevo bloqueo administrativo por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La institución estatal suspendió varios procesos de contratación clave para la ciudad. Según la municipalidad, estas acciones carecen de sustento legal y técnico. Además, el cabildo calificó estas medidas como represalias políticas directas.
Las suspensiones ocurrieron de forma simultánea. Casualmente, los bloqueos iniciaron un día después de los cuestionamientos del alcalde Aquiles Alvarez hacia el Ejecutivo. Por esta razón, el Municipio acusa al Sercop de realizar interpretaciones forzadas de la normativa vigente.
Disputa por pauta en medios de comunicación
El Sercop cuestionó la contratación de servicios de comunicación social por una presunta subdivisión de contratos. No obstante, el cabildo rechazó este argumento de manera categórica. La alcaldía explicó que la ley permite contratar simultáneamente a diversos medios específicos.
En consecuencia, el proceso no busca un servicio genérico, sino audiencias y coberturas segmentadas. Cada medio de comunicación posee tarifas propias que impiden una contratación unificada. Curiosamente, el sistema de contratación pública ya había aprobado procesos idénticos en el pasado sin emitir ninguna observación.
Errores del sistema afectan los trámites
La administración municipal también señaló fallos en las plataformas oficiales del Sercop. En ciertos casos, el ente de control observó el uso de formularios desactualizados. Sin embargo, el Municipio aclaró que el propio Sercop eliminó dichos formatos sin actualizar los modelos en su portal web.
Asimismo, existe una pugna por un proceso vinculado a un canal de televisión. El Sercop alega que el trámite previo no concluyó formalmente. Ante esto, la municipalidad respondió que declaró desierto el concurso inicial oportunamente. No obstante, un bloqueo administrativo del propio Sercop impidió cargar la resolución técnica al sistema informático.
Estrategia publicitaria de la ATM bajo la lupa
Finalmente, el organismo de control observó la inversión publicitaria de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM). El Sercop reclama el presunto incumplimiento de porcentajes establecidos en la Ley de Comunicación. Por el contrario, la alcaldía recordó que la normativa permite excepciones legales justificadas.
La ATM basó su planificación en estudios de mercado que demuestran la falta de oferta en ciertos sectores. Por ello, la entidad priorizó plataformas digitales y medios alternativos según las tendencias actuales de consumo. De esta manera, el Municipio defiende su planificación técnica frente a lo que considera una persecución administrativa.
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