La Comisión de Desarrollo Económico aprobó este martes 17 de febrero el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Sostenibilidad de los GAD. Con seis votos a favor, los legisladores avalaron el documento que sustenta la propuesta urgente del Ejecutivo. Tras este paso, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá realizar la discusión final para decidir si aprueba o no la normativa.
El documento técnico sugiere establecer reglas fiscales obligatorias para todos los gobiernos locales del país. La propuesta plantea que las alcaldías y prefecturas destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y obra pública. En contraste, el informe recomienda limitar al 30 % el uso de recursos para gastos corrientes y pago de salarios.
Propuesta busca eficiencia en servicios básicos
Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, defendió el contenido del informe como una vía para ordenar las finanzas territoriales. Según Centeno, la reforma pretende que los recursos se concentren prioritariamente en agua potable, alcantarillado y vialidad. Asimismo, la asambleísta aclaró que el texto final excluye a las juntas parroquiales rurales para proteger su operatividad.
Durante la sesión, los comisionados analizaron cifras sobre el manejo de fondos en diversas localidades. El informe menciona casos de municipios que destinan porcentajes críticos de su presupuesto exclusivamente al gasto administrativo. Además, los legisladores señalaron que el gasto nacional en festividades alcanzó los 63 millones de dólares durante el año anterior.
Oposición presenta informe de minoría
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) rechazó el documento de mayoría y presentó un informe de minoría que recomienda el archivo. El legislador Diego Salas calificó la propuesta de “camisa de fuerza” que ignora las necesidades particulares de cada territorio. Según Salas, forzar estos porcentajes podría poner en riesgo servicios directos como la recolección de basura o el bacheo de calles.
El texto aprobado advierte que el incumplimiento de estas reglas generaría sanciones para los gobiernos autónomos. En tales casos, el Ministerio de Finanzas reportaría las novedades a la Contraloría y limitaría las transferencias de recursos. Por ello, la oposición sostiene que la medida afectaría el mantenimiento de maquinaria esencial, especialmente durante la etapa invernal.
La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, expuso en un post de X las falencias de la propuesta de ley que podría llegar al pleno esta misma semana.
Lo propio la prefecta de Pichincha, Pichincha, Paloa Pabón, uien además criticó que no se hayan atendido las solicitudes de comparecencia de varias autoridades seccionales.
Los alcaldes de Quito y Cuenca también se pronunciaron en redes. En ambos casos los funcionarios criticaron la premura con la que se quieren aprobar las reformas.
Cristian Zamora, alcalde cuencano, expuso un documento mediante el cual le pide al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, que el Pleno Legislativo lo escuche en comisión general, antes de debatir y votar cobre la reforma.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, le puso cifras a las consecuencias de la reforma. En su publicación de redes, Muños dijo que se podrían generar unos cinco mil despidos en la capital. Esto al tiempo de alertar que la ciudadanía se quedaría sin algunos servicios.
El Pleno tendrá la última palabra
Tras la aprobación de este informe, la Secretaría General de la Asamblea lo distribuirá a los 151 legisladores en las próximas horas. El presidente del Parlamento, Niels Olsen, incluyó el debate del proyecto en el orden del día para la sesión del 20 de fabrero de 2026. El segundo debate se desarrollará en una sola sesión, donde se definirá si el proyecto se convierte oficialmente en Ley de la República.
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