La Superintendencia de Ordenamiento Territorial acusa al Cabildo capitalino de presunta falsificación informática y alteración de evidencias dentro de una investigación oficial al catastro.

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) denunció penalmente al Municipio de Quito ante la Fiscalía General del Estado este martes 23 de junio de 2026.

El organismo de control tomó esta medida judicial tras detectar graves alteraciones de información oficial en la base de datos del catastro capitalino.

Por consiguiente, la Fiscalía deberá investigar las modificaciones que pretendían simular el cumplimiento de las normativas de actualización vigentes.

Supuesta falsificación para evadir controles

Según detalló la superintendencia, el Municipio remitió únicamente información parcial durante las diversas etapas de una acción no programada de control y vigilancia.

En consecuencia, los auditores técnicos determinaron que el Cabildo modificó las bases catastrales de forma injustificada antes de enviarlas al ente rector.

Por esta razón, la SOT califica el hecho como una presunta falsificación informática y una supuesta alteración de evidencias y elementos de prueba.

Ambas acciones constituyen delitos tipificados y sancionados de forma severa dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Asimismo, el procedimiento de control ya derivó en una sanción administrativa previa por el incumplimiento total de los parámetros en las bases catastrales.

Adicionalmente, el Municipio falló en la implementación del sistema SIGCAL y en la codificación correcta de la clave catastral de la ciudad.

Historial de sanciones al Cabildo en 2026

Por otra parte, esta nueva acción judicial se suma a un historial reciente de amonestaciones contra la administración municipal actual.

La SOT ya sancionó al Municipio de Quito en febrero de 2026 por emitir una polémica licencia urbanística en el sector de Guápulo.

Según el organismo, dicho permiso vulneró directamente las normas de protección del paisaje urbano histórico de este tradicional barrio centro-norte.

Además, a inicios de ese mismo mes, la superintendencia impuso la máxima multa económica permitida por la ley al Cabildo metropolitano.

Esta penalización administrativa ocurrió tras la reactivación de una licencia de construcción en una zona de alto riesgo del sector Bellavista.

Finalmente, el proceso penal en la Fiscalía avanzará de forma paralela a las auditorías de territorio que ejecuta la SOT en la capital.