El jurista Stalin Raza, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, advirtió que el Estado Ecuatoriano es el responsable directo de la masacre en cuatro cárceles del país, en las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde murieron 79 privados de libertad (PPL). “El Estado tendrá que responder. Lo dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disponen a los Estados que tengan una especial posición de garantía frente a la integridad de quienes están en el sistema de rehabilitación social”, criticó.
Raza forma parte del Foro de Abogados Penalistas Litigantes. Ellos acudieron el jueves a la Corte Constitucional para solicitar que active el proceso de verificación de los dictámenes de constitucionalidad. Los mismos fueron expedidos sobre los dos estados de excepción dispuestos por el gobierno nacional en los años 2019 y 2020 al sistema de rehabilitación social.
En ese pedido, los abogados solicitan que la Corte pida un informe a la Defensoría del Pueblo sobre el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas por la misma Corte Constitucional al Gobierno. Ello, tras la aplicación de dichos estados de excepción. Así mismo, que pida un informe al Presidente de la República sobre las acciones concretas para implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria del país.
Sobre los decretos
Raza recordó que, en su momento, la Corte Constitucional ordenó al Presidente de la República, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Ministerio de Gobierno y Ministerio de Finanzas, la estructuración de una política de largo plazo para resolver el problema estructural que genera la crisis carcelaria. Según el organismo constitucional se deriva de al menos cuatro factores: Hacinamiento, corrupción, falta de servicios básicos y excesivo uso de la prisión preventiva.
“Tenían que generar una política pública para enfrentar esos cuatro problemas. Se necesita presupuesto, reformas legales y profesionalización para los guías penitenciarios”, aclaró. Sin embargo, Raza dijo que el gobierno envió a la Corte a mediados del año anterior un plan incompleto. Pero, solo en el papel, el cual nunca se aplicó. Al respecto, tras la presentación de este pedido por parte de los abogados, la Corte Constitucional dispuso la activación del proceso de verificación.
