Este viernes, 20 de junio, entró en vigor la nueva tasa de fiscalización minera, tras su publicación en el Registro Oficial mediante la resolución 003-25.
Con esta medida, el Gobierno espera recaudar entre 200 millones y 220 millones de dólares anuales para fortalecer el control sobre el sector extractivo.
La tasa aplica para titulares de concesiones metálicas y no metálicas, ya sea en etapa de exploración o explotación.
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) definió dos modalidades de cobro: semestral para mediana y gran minería, y anual para pequeña minería. Ecuador cuenta actualmente con 1.536 concesiones mineras activas.
El primer pago se calculará con corte al 30 de junio y deberá cancelarse hasta el 31 de julio. El segundo pago tendrá como fecha límite el 31 de enero de 2026, correspondiente al corte del 31 de diciembre.
Mineras rechazan fórmula que encarece la exploración hasta 15 veces
La ministra de Energía, Inés Manzano, declaró que la tasa “no está en negociación”. Según la funcionaria, “es una contraprestación necesaria para permitir que el Estado cumpla su tarea de control ante el crecimiento de la minería ilegal”.
Pese a reuniones con el sector minero, el Gobierno fijó la tasa desde el 4 de junio, antes de abrir el diálogo con los concesionarios.
La fórmula considera tres variables: número de hectáreas concesionadas, fase minera del proyecto y un coeficiente ajustado al Salario Básico Unificado (SBU), que varía entre el 10 % y el 100 %.
En un reporte del portal digital Primicias, el abogado minero Stevie Gamboa alertó que “la minería es la única actividad que paga impuestos sin generar utilidades” y señaló que esta tasa podría afectar especialmente a quienes invierten en exploración.
“El valor es hasta quince veces superior al actual pago por patente de conservación, lo que hace que Ecuador se vuelva el país más caro del mundo para explorar”, aseguró.
Según datos de la Agencia de Regulación Minera, la mayor recaudación provendrá de proyectos a gran escala en etapa de exploración, debido a la alta cantidad de hectáreas que concentran concesiones de oro, plata y cobre.
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