Por: Cynthia Rodríguez, Secretaria Ejecutiva Red LAC de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres

A diez años del Terremoto de Manabí de 2016, el país tiene la responsabilidad de ir más allá de la memoria y entrar en el terreno de la evaluación crítica.

El sismo de magnitud 7,8 dejó 671 personas fallecidas, más de 17.000 heridas y miles de familias desplazadas. Las pérdidas materiales superaron los 3.000 millones de dólares, configurando uno de los desastres más costosos en la historia reciente del Ecuador.

Una década después, el proceso de reconstrucción evidencia avances, pero también inconsistencias, vacíos y lecciones no aprendidas.

Lo bueno: la solidaridad ecuatoriana inmediata

Uno de los aspectos más destacables fue la respuesta humanitaria ecuatoriana, evidenciada en la rápida movilización de voluntarios, voluntarias, organismos de rescate y el significativo aporte de donaciones por parte de la empresa privada. Este esfuerzo solidario se vio posteriormente reforzado tras la activación de mecanismos de financiamiento para la reconstrucción: tras un mes de la tragedia se aprobó la movilización de recursos a través del Fondo de Solidaridad, impulsado mediante la Ley de Solidaridad. El incremento temporal del IVA, junto con contribuciones sobre salarios, utilidades y financiamiento externo, permitió generar recursos pensados inicialmente para la reactivación en un momento crítico.

Esta respuesta reflejó una alta capacidad de reacción de los poderes del Estado y un importante compromiso ciudadano. Sin embargo, la rapidez en la movilización de recursos no necesariamente se tradujo en eficiencia sostenida ni en transformación estructural del riesgo.

Lo malo: la falta de planificación y la ausencia de un fondo permanente

Uno de los principales problemas del proceso de reconstrucción fue la debilidad en la planificación y priorización.

Un año después, se conformó el Comité de Reconstrucción, el cual aprobó la ejecución de 17 proyectos; de estos, 14 fueron priorizados en una sola fecha: el 22 de mayo de 2017. Este hecho resulta particularmente preocupante, considerando que, hasta ese momento en dichas reuniones, no se habían establecido parámetros claros para la valoración, calificación y priorización de las intervenciones. Asimismo, en ese mismo mes, el Comité aprobó de manera acelerada el Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto, lo que plantea legítimas inquietudes sobre si dicho instrumento contó con el suficiente sustento técnico.

Estas decisiones incidieron en un proceso más largo de lo previsto. Mientras países como Chile o Japón consolidan sus principales fases de reconstrucción en 3 a 5 años, en Ecuador el proceso se ha extendido por una década, con brechas aún visibles.

Pero hay un problema aún más estructural:

Ecuador no cuenta con un fondo permanente de contingencia para emergencias y desastres.

Desde 2008, el país carece de un mecanismo sostenible de ahorro que permita anticipar y responder contingencias de forma planificada. La respuesta al 16A dependió de medidas extraordinarias, evidenciando un enfoque reactivo en lugar de preventivo.

Sin planificación sólida ni instrumentos financieros permanentes, la gestión del riesgo se vuelve improvisada.

Lo feo: la corrupción y la falta de transparencia

A esto se suma un elemento crítico que no puede ser ignorado: las denuncias de corrupción, sentencias ejecutoriadas y debilidades en la transparencia y trazabilidad del uso de los recursos.

La ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, trazabilidad del gasto y supervisión independiente debilitó la confianza ciudadana y afectó la legitimidad del proceso.

En contextos de emergencia, donde la urgencia exige rapidez, la transparencia no puede ser una variable secundaria. Por el contrario, debe ser el eje central de la gestión.

La deuda pendiente: institucionalidad financiera para la gestión del riesgo

A diez años del 16A, persiste un vacío estructural: Ecuador no cuenta con un fondo permanente de contingencia para emergencias y desastres.

Desde 2008, el país carece de un mecanismo sostenible de ahorro que permita anticipar y responder de manera planificada. La respuesta al terremoto dependió de medidas fiscales e impositivas extraordinarias, como el Fondo de Solidaridad.

Si bien la normativa actual incorpora instrumentos como el fondo de responsabilidad social empresarial en la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y su Reglamento, estos aún no constituyen una solución integral y continúa pendiente la expedición de normativa secundaria para su aplicación.

Transparencia y previsión: la base de la resiliencia país

La experiencia del 16A deja varias lecciones: no basta con movilizar recursos, es indispensable gestionarlos bien.

El país necesita avanzar hacia la creación de un fondo nacional para emergencias y desastres, estructurado mediante un fideicomiso transparente, con reglas claras de uso, criterios técnicos de priorización y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

En un país multiamenaza como Ecuador, la próxima emergencia no es una posibilidad lejana, es una certeza.

Y la diferencia entre improvisar nuevamente o responder con eficacia dependerá de las decisiones que hoy tomemos en materia de gobernanza, institucionalidad y planificación.