Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) realizaron este martes una marcha pacífica en las calles de Guayaquil hasta el Ministerio del Trabajo, para exigir “soluciones definitivas y urgentes” a la afectación económica que sufren tras el fallo de la Corte Constitucional (CC) que los obliga a devolver 79 millones de dólares obtenidos por beneficios de un contrato colectivo.
Un comunicado del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL calificó de injusta la medida de la CC.
En el texto, alertan que, tras dos meses de espera y diversas mesas de diálogo convocadas, existe una “ausencia de avances tangibles y acciones concretas que mitiguen el impacto económico que enfrentan”.
“Si bien se han escuchado pronunciamientos con posibles vías de solución, la realidad es que estas buenas intenciones no se han materializado en procesos decisivos dentro de las mesas de trabajo”, precisó el comunicado.
Además, expresaron que la falta de respuestas claras y la prolongada demora en encontrar una salida efectiva a esta situación genera un creciente malestar entre los empleados de CNEL.
“La incertidumbre laboral y económica no solo afecta su bienestar individual y familiar, sino que también suscita serias interrogantes sobre la efectividad de los compromisos adquiridos por las autoridades competentes”, insistieron.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto de manera inmediata y se implementen medidas efectivas que resuelvan su problemática económica.
De igual manera, insistieron en la necesidad de que las mesas de trabajo se conviertan en espacios de decisiones firmes y acciones concretas, en lugar de prolongar una angustia que ya se ha extendido por un tiempo inaceptable.
La Corte Constitucional declaró en su sentencia 1788-24-EP/25 que las decisiones judiciales de primera y segunda instancia, relacionadas con un millonario contrato colectivo en CNEL, desnaturalizaron el objeto de la acción de protección, presentada por el sindicato de la empresa en octubre de 2021.
La sentencia de la Corte concluye que los jueces excedieron sus competencias al reconocer derechos que, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a los servidores administrativos. Además, ordenó la recuperación de más de 79 millones de dólares y medidas para investigar responsabilidades.
Según estimaciones del Comité de Empresas más de 1.600 trabajadores, incluidos jubilados y personas con discapacidad, entre otros, se verían perjudicados.
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