La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias que permitieron a servidores públicos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) recibir beneficios de contratación colectiva y ordenó a la empresa recuperar los valores pagados. Una estimación previa calculó un impacto de USD 7,9 millones.

La decisión consta en la sentencia notificada el 5 de octubre de 2026. El proceso se remonta a 2022, cuando una acción de protección permitió incorporar a servidores públicos de la CNT a los beneficios del contrato colectivo.

Posteriormente, una sala de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ratificó esa decisión. A partir de esos fallos, los beneficiarios pudieron acceder a rubros relacionados con incrementos salariales, horas extras, indemnizaciones y jubilación patronal, entre otros.

Sin embargo, tras revisar el caso, la Corte Constitucional determinó que esos servidores pertenecían a un régimen laboral diferente y que no correspondía extender los beneficios de la contratación colectiva mediante una acción de protección.

CNT deberá recuperar los recursos pagados

Como parte de su resolución, la Corte dispuso que CNT ejecute las acciones necesarias para recuperar los valores entregados como consecuencia de las sentencias que ahora quedaron sin efecto.

La empresa deberá presentar ante la Corte Constitucional un informe que detalle el número exacto de beneficiarios y los montos que deberá recuperar en cada caso.

Un informe económico previo de CNT estimó un impacto de USD 7.931.860,83. Sin embargo, esa cifra no representa necesariamente el monto definitivo que deberá recuperar la empresa ni significa que todos los trabajadores tengan que devolver la misma cantidad.

La medida tampoco afecta a todos los trabajadores de CNT. Se aplica a los servidores públicos de carrera que recibieron los beneficios económicos derivados de las decisiones judiciales anuladas.

Devoluciones podrán realizarse hasta en 36 meses

La ejecución de la sentencia contempla que CNT pueda acordar con cada trabajador la forma en que se devolverán los recursos recibidos. Los valores podrán descontarse mediante el rol de pagos y el plazo máximo establecido para completar la devolución será de 36 meses.

De esta manera, el monto que deberá restituir cada beneficiario dependerá de los valores que haya recibido por la aplicación de los fallos judiciales emitidos en 2022.

Corte detectó irregularidades en actuación de jueces

La Corte Constitucional también determinó que existieron irregularidades en las actuaciones judiciales relacionadas con la acción de protección.

El organismo declaró error inexcusable y remitió el caso al Consejo de la Judicatura para que se adopten las medidas disciplinarias correspondientes.

Además, ordenó enviar el expediente a la Fiscalía General del Estado para que investigue una posible comisión del delito de prevaricato.

Con estas disposiciones, la Corte dejó sin efecto las sentencias de 2022 y ordenó iniciar el proceso para recuperar los recursos públicos entregados a los servidores beneficiados por esas decisiones.