Transportistas pesados de Ecuador y Colombia se movilizaron este martes hacia el Puente Internacional de Rumichaca para exigir la eliminación del arancel del 30 %, vigente desde el 1 de febrero. Con la protesta pacífica los manifestantes denunciaron el impacto de la medida sobre el comercio binacional y la logística de carga en la frontera norte.
Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, señaló que la movilización busca la eliminación urgente del arancel, al considerar que afecta de forma directa al transporte, la carga y el intercambio comercial entre ambos países. La protesta se desarrolla de manera coordinada con la ACC Ipiales, bajo el lema: “Pueblos respetados, Nariño y Carchi unidos como hermanos”.
Por su parte, Omar Guerrón, dirigente de otro gremio del sector en Carchi, explicó que el arancel del 30 % ya se cobra desde el 1 de febrero y afecta a toda la cadena logística, incluyendo exportaciones, importaciones, comerciantes y consumidores finales. “Esto no es solo un golpe al transporte, sino a todo el comercio binacional”, afirmó.
Contexto de la escalada comercial
Llegada a Rumichaca y jornada en la frontera
Debido al control policial, camiones y tráilers no pudieron avanzar hasta el paso internacional. Ante ello, los transportistas ecuatorianos abandonaron sus vehículos y caminaron de forma pacífica cerca de 100 metros hasta el puente, donde se encontraron con sus colegas del departamento colombiano de Nariño.
En el límite fronterizo, los manifestantes corearon consignas dirigidas a los gobiernos de Quito y Bogotá, reclamando el retiro de los aranceles y el inicio de un diálogo bilateral. Durante la jornada, los transportistas intercambiaron banderas de ambos países como símbolo de unidad fronteriza. Ningún vehículo logró bloquear completamente el puente, debido a la presencia policial.
Control policial y apoyo binacional
La denominada “Marcha por la Dignidad Fronteriza” partió desde Tulcán poco después de las 10:00. Minutos más tarde, la Policía Nacional del Ecuador restringió el paso vehicular hacia Colombia, señalando que la medida se mantendría mientras se desarrollaba la movilización.
El plantón contó con el respaldo de comerciantes de Tulcán e Ipiales, así como de gremios transportistas del lado colombiano. Los dirigentes insistieron en que la afectación real al comercio se evidenciará con mayor fuerza en los próximos días, cuando se agoten las mercancías que aún cruzan la frontera con contratos previos.
Los transportistas reiteraron su llamado a ambos gobiernos para evitar una escalada de la guerra comercial y priorizar el diálogo.
La movilización ocurre tras la entrada en vigor de aranceles recíprocos del 30 % entre ambos países, medidas que amenazan un intercambio comercial anual cercano a USD 2.800 millones, con una balanza desfavorable para Ecuador superior a USD 1.000 millones. Las exportaciones colombianas hacia Ecuador rondan los USD 1.800 millones, mientras que las ecuatorianas hacia Colombia alcanzan aproximadamente USD 900 millones.
El presidente Daniel Noboa anunció la imposición de la tasa durante el Foro de Davos, argumentando el desbalance comercial. En respuesta, el Gobierno de Gustavo Petro aplicó un arancel similar a una lista de productos ecuatorianos y ordenó la suspensión del suministro de electricidad a Ecuador, vigente desde el 22 de enero.
Impactos adicionales y llamados al diálogo
Aunque el Gobierno de Ecuador asegura que cuenta actualmente con suficiente capacidad hídrica, expertos advierten que la suspensión eléctrica podría ser crítica en escenarios de sequía. En paralelo, el país incrementó la tarifa de transporte del crudo colombiano por oleoductos ecuatorianos, lo que añade presión a la relación bilateral.
Gremios exportadores de ambos países han advertido que la escalada de sanciones perjudica a ambas economías y han reiterado llamados al diálogo. Por ahora, las conversaciones se mantienen a nivel de cancillerías, sin avances concretos.
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