Por: Felipe Pesantez, Consultor de Politica Sur Analytica
Después de dos décadas de concentrar su mirada en Medio Oriente, Estados Unidos vuelve a dirigir su atención al hemisferio americano. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la política exterior norteamericana se reorientó hacia otras latitudes; hoy, con Donald Trump, regresa al centro y al sur del continente bajo una premisa análoga de la existencia de grupos narcoterroristas que operan libre e impunemente en la región y que representan una amenaza directa a la seguridad y los intereses nacionales de Estados Unidos. Si antes el enemigo a combatir y contener eran las revoluciones, los partidos de izquierda y socialdemocracia, y los gobiernos socialistas elegidos democráticamente, esta vez el adversario declarado tiene otro nombre —el crimen organizado transnacional— pero la lógica de intervención permanece intacta.
Para articular esta nueva ofensiva, Estados Unidos y Trump regresan a la región con la América’s Counter Cartel Coalition —Coalición Anticarteles de las Américas—, un andamiaje militar de esencia similar a la OTAN en Europa, concebida en su momento para contener a la Unión Soviética. Esta coalición, conformada en su mayoría por países hispanohablantes de la región, excluye deliberadamente a las potencias regionales como México, Brasil y Colombia, así como a Cuba, y busca imponer un acuerdo de naturaleza fundamentalmente militar que incorpora, de manera secundaria, agendas de seguridad, prosperidad, libre comercio y Estado de Derecho, todo ello en el marco de una región que Washington caracteriza como infestada de “redes terroristas y carteles”.
En este tablero geopolítico, Venezuela y Cuba son señaladas por Estados Unidos como actores con capacidad desestabilizadora, en razón de sus sistemas de gobierno y sus vínculos con Rusia e Irán. En el caso venezolano, tras la operación que removió a Nicolás Maduro del poder, el gobierno de Delcy Rodríguez ha sido reconocido por Trump bajo un peculiar acuerdo de cogobernanza entre la cúpula trumpista y la del llamado socialismo del siglo XXI, con implicaciones sobre los recursos energéticos, petroleros, minerales —oro incluido— y de seguridad del país.
La lógica es descarnada y es que Trump, mediante la fuerza, despoja a los venezolanos de sus propios recursos para financiar la operación que se ejecuta en su territorio. En el caso cubano, la estrategia combina la presión económica sostenida, el corte de subsidios provenientes de aliados históricos como Venezuela, México y Rusia, la apertura de “negociaciones” para la normalización de la isla y la erradicación de cualquier influencia extranjera considerada hostil a los intereses estadounidenses.
Los países que quedaron fuera de la coalición lo hicieron por razones ideológicas y por sus vínculos —reales o atribuidos— con las redes del crimen organizado. Brasil no fue considerado porque representa desde el propio 11 de septiembre un adversario natural de Estados Unidos dentro de la región que sustituyó el liderazgo norteamericano por uno sudamericano, siendo la UNASUR el ejemplo más elocuente de esa disputa.
México, al igual que Venezuela e Irán, se perfila como el próximo objetivo militar definido por Washington como el “epicentro de la violencia de los carteles”, condición que quedó subrayada con la reciente operación conjunta para abatir a un líder de un carte de alcance internacional. Colombia, por su parte, quedó marginada por las diferencias ideológicas, personales y políticas que la separan tanto de Estados Unidos como de los gobiernos de derecha de la región —El Salvador, Ecuador, Chile, Paraguay y Argentina—, con los que Trump mantiene una afinidad operativa manifiesta.
Los países que sí integran la Coalición Anticarteles son aquellos cuyos gobiernos están alineados ideológica, política, económica y operativamente con Washington. Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile, El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica y República Dominicana se encuentran todos sincronizados con Trump, y cada uno aplica la visión trumpista según su propio territorio de influencia. Son, en términos llanos, los “trumpitos de las Américas” acuñado para los líderes y gobiernos que reproducen a escala regional la doctrina, el estilo y las prioridades del poder que emana desde Washington, adaptándolas a las particularidades de cada escenario nacional. Trump marca la pauta; ellos la ejecutan.
Lo que se avecina para esta Coalición Anticarteles es la consolidación de una política internacional fundada en el principio de que la seguridad nacional de Estados Unidos y la primacía de su interés nacional por sobre la legalidad interna de cada país y sobre el derecho internacional público. Esta coalición implica la aplicación de fuerza militar letal en el territorio de los países aliados —con la posibilidad explícita de desplegar misiles de alta precisión—, ofensivas combinadas por mar y tierra, y una cooperación amplia en materia de inteligencia y capacidades bélicas.
Los puntos de mayor tensión en este escenario serán el Canal de Panamá, nodo geopolítico estratégico de primer orden, y la transición —ya en marcha— de un modelo de cooperación policial y diplomática tradicional hacia uno de guerra militar frontal. Esta transición coloca en primer plano la seguridad nacional de Estados Unidos y el llamado “orden hemisférico” por encima de las reservas soberanas de los países aliados y no aliados respecto al uso de fuerza letal y misiles de precisión. A ello se suman la presión sobre la soberanía de cada Estado, la reactivación de la Doctrina Monroe como marco doctrinario legitimador, la potencial intervención directa sobre Cuba y México, y el esfuerzo sostenido por excluir a los BRICS de cualquier influencia significativa sobre el continente americano.
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