La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una movilización nacional para el próximo 11 de julio, en rechazo a la Ley de Integridad Pública, vigente desde el pasado 26 de junio tras su publicación en el Registro Oficial.
La protesta busca respaldar la demanda de inconstitucionalidad que la UNE presentó este lunes ante la Corte Constitucional (CC). El presidente del gremio, Andrés Quishpe, entregó formalmente el recurso y pidió a la Corte que priorice su tratamiento.
“El país no puede permitir que se consolide una ley que afecta derechos laborales y recorta garantías para los servidores públicos”, afirmó Quishpe en rueda de prensa. Según el dirigente, la normativa vulnera la estabilidad laboral y las compensaciones por jubilación de los funcionarios, y endurece de forma desproporcionada las sanciones para adolescentes infractores en casos de delitos graves.
La UNE considera que varios artículos de la ley son regresivos y contrarios a la Constitución, y exhortó a otros sectores sociales a presentar demandas similares. “No nos quedaremos de brazos cruzados. Llamamos a la ciudadanía a movilizarse con nosotros el 11 de julio frente a la Corte Constitucional”, señaló Quishpe.
El gremio docente busca que la Corte Constitucional suspenda los efectos de los artículos más cuestionados mientras se resuelve el fondo de la causa.
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