La Unión Nacional de Educadores (UNE), junto a organizaciones sociales de Quito y el Frente Popular, presentó este martes, 24 de febrero, una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El gremio considera que la norma pone en riesgo el financiamiento de proyectos sociales y educativos. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, sostuvo que la ley, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada por disposición del presidente Daniel Noboa, traslada las consecuencias del control fiscal a sectores vulnerables.
“En la práctica, quien va a pagar los platos rotos por esta ley es la gente, serán los pueblos y la gente pobre”, afirmó el dirigente.
Quishpe ratificó la convocatoria a una jornada de protesta el 13 de marzo a nivel nacional. “Con tres propósitos: seguridad, estabilidad laboral y por alza salarial”. Además, invitó a otras organizaciones a sumarse a estas acciones.
Educación inicial y programas sociales, en riesgo
Quishpe denunció que la reforma elimina partidas presupuestarias destinadas a capacitación y proyectos sociales —conocidas como partidas 71 y 78— lo que, a su criterio, afectará directamente programas municipales.
En el caso de Quito, mencionó el programa para adultos mayores “60 y Piquito” y los Centros de Desarrollo Infantil, que sostienen la educación inicial. Según el dirigente, la reducción de rubros comprometería el pago a docentes y personal vinculado a estos servicios.
“Se está eliminando el financiamiento a programas sociales que cumplen una función preventiva frente a la violencia”, advirtió, al señalar que también podrían verse afectadas casas de acogida y escuelas deportivas comunitarias.
El representante de la UNE cuestionó además la contradicción entre el discurso oficial de prevención del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y la posible reducción de fondos a iniciativas dirigidas a niñez y adolescencia.
¿Qué establece la nueva Ley GAD?
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) obliga a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y servicios básicos, priorizando infraestructura y reposición de activos por encima del gasto corriente.
El Ejecutivo aplicará reducciones económicas a los municipios o prefecturas que no cumplan con este indicador. De acuerdo con la normativa vigente, si un GAD incurre en ineficiencia, el Gobierno Central puede reducir las transferencias, que actualmente alcanzan hasta el 21% de los ingresos permanentes del Estado, dejando como piso mínimo el 15% constitucional.
El Gobierno justifica la reforma señalando que en 2024 la inversión promedio en obras básicas fue de apenas 39% del presupuesto total y que existe un desequilibrio estructural por financiamiento externo superior a 16.055 millones de dólares. Además, cuestiona el crecimiento de la masa salarial administrativa y el gasto en eventos sociales y artísticos, que en 2023 habría alcanzado 43,7 millones de dólares.
Implementación progresiva y reportes trimestrales
La ley establece un cronograma gradual de cumplimiento: los GAD deberán alcanzar un 65% de inversión en 2026, 68% en 2027 y el 70% obligatorio en 2028. Asimismo, estarán obligados a publicar informes trimestrales detallando la composición de sus gastos.
Si bien la Comisión de Desarrollo Económico defendió el proceso de socialización previo a la aprobación, gremios como Conagopare y la Prefectura de Manabí presentaron observaciones por la falta de invitación formal a los debates.
Debate constitucional en puerta
Para la UNE y las organizaciones que respaldan la acción judicial, la reforma no solo representa un ajuste técnico en la distribución presupuestaria, sino un cambio que podría afectar derechos sociales vinculados a educación, protección a grupos vulnerables y prevención de violencia.
La acción de inconstitucionalidad ahora deberá ser conocida por la Corte Constitucional, que evaluará si la norma vulnera principios y derechos consagrados en la Carta Magna.
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