El 3 de septiembre pasado, la justicia llamó a juicio a la exasambleísta, Nivea Vélez, por el supuesto delito de concusión dentro de los casos diezmos que se habrían dado entre noviembre de 2009 a marzo de 2013.
Según Vélez, “este es un tema de judicialización de la política y de violencia política”.
La exlegisladora resaltó que, en 2012 y tras denunciar a Ramiro González, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Contraloría General del Estado determinó que los ingresos de Vélez eran regulares.
El caso por supuestos diezmos nació 10 años después que fue asambleísta, “cuando me candidatizo como alcaldesa de Loja”.
Al mirar un reportaje en medios de comunicación, Vélez se enteró que estaba siendo señalada como partícipe de diezmos. Tras ello, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue lo que dijo el medio de comunicación.
Así mismo, un excolaborador de Vélez denunció ser afectado por diezmos. Sin embargo, Vélez indicó que la cuenta que él presentó, la manejó él mismo como su titular para receptar los fondos de la organización política y sus gastos. “Él hace la denuncia con esa cuenta para que yo responda”, explicó.
Irregularidades en el proceso
De acuerdo con Vélez, la Fiscalía pidió fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos el 10 de marzo de 2020, a pesar que 17 asesores declararon que nadie les pidió aportes.
“Llego a la audiencia sin mi versión, sin una pericia contable que diga cuál fue el daño causado”, denunció.
En noviembre de 2020 el juez dispone que se le dé medidas cautelares a la exasambleísta. Fue entonces cuando entregaron una pericia contable que determina que no existen irregularidades en las cuentas bancarias.
Tras el hecho, otra excolaboradora que trabajó por 24 meses denuncia que la exlegisladora solicitó que le transfiera $80 mensuales. Sin embargo, el banco aclaró que no existen tales transferencias. La exasistente, en cambio, señaló que eliminó los depósitos.
