El constitucionalista, Salim Zaidán, señaló que la solución a los problemas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está en manos de la Asamblea Nacional. Así, indicó que el Legislativo tiene que censurar y destituir, por incumplimiento de funciones, a todos los consejeros. “La razón principal para censurar y destituir esta en el desarrollo de los concursos”, dijo.
Zaidán enfatizó que el 8 de mayo de 2019 el Consejo Transitorio dispuso ratificar a Pablo Celi como Contralor General Subrogante. “Yo recuerdo que esa ocasión el Consejo de Transición indicó que tiene que permanecer en el cargo hasta la conclusión del periodo”, dijo. Sin embargo, ahora tenemos varios subrogantes que siguen siendo subrogantes y no tenemos un titular, dijo. También, puntualizó que le preocupa que el Defensor Público se encuentre encargado desde el 31 de agosto de 2018.
“El solo hecho de no haber realizado los concursos de las dos instituciones sería causal suficiente para censurar y destituir a los consejeros”, señaló. “Considero que a pesar de la demora que tomaría la vía política, definitivamente la solución está en avanzar en los concursos y paralelamente fiscalizar”, comentó.
Presidencia del CPCCS
Zaidán, indicó que el nombramiento de Ulloa es absolutamente irregular e ilegal. “A pesar de que Ulloa dice estar amparado por el articulo 55 numeral 5 del COA, hay que ir a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana donde se establece la lista de competencias que tiene el pleno del Consejo y en ninguna parte se señala que pueden nombrar y remover”, mencionó.
Yo considero que sigue siendo presidenta del CPCCS la señora Almeida, señaló. “Aunque es muy cuestionable como Almeida a conducido la institución, esto confirma que detrás de esto hay una pugna política por ver quién nombra al contralor”, dijo.
Zaidán indicó que es lamentable lo que hicieron Almeida y Ulloa al momento de ir a Guayaquil a presentar acciones constitucionales ante jueces incompetentes. Así, enfatizó que es incorrecta la acción debido a la razón del territorio donde se origina el acto. La mala costumbre de judicializar la política no se puede normalizar, puntualizó. “Una pugna política no puede ser trasladada para que los jueces lo resuelvan, cuando los jueces están para resolver demandas donde realmente se vulneren los derechos”, criticó.
