El proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, gira en torno a cinco ejes. Entre ellos está el uso progresivo de la fuerza; cooperación entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, defensa gratuita para servidores policiales, etc.

Con respecto a las reformas al COIP, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, precisa que estas serán referentes a los términos de prisión preventiva y la tipificación de los delitos. El objetivo, dice, es lograr una reforma para enfrentar los problemas de amotinamiento en las cárceles.

Roberto Andrade, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, señaló que uno de los principales ejes del proyecto es fortalecer al Ministerio de Gobierno, para que dé patrocinio legal a los policías que, producto de su trabajo, estén inmersos en un proceso penal.

En esos casos, según la normativa, el Ministerio dotará los recursos, ya sea para asignar un abogado de los que tiene la institución o para que el servidor elija uno de su confianza.

Con respecto a las cárceles expresó que las reformas son de dos tipos: institucionales, es decir, esta se fortalecerá para que sea más fácil la coordinación y la administración, así como las disposiciones cuando hay amotinamientos o circunstancias previas.

La norma también propone tipificar el delito de terrorismo dentro de las cárceles. Este se sancionaría con 15 años de prisión a quienes provoquen estado de terror entre la población carcelaria. En el caso de existir muertos, la pena privativa de libertad será de entre 22 y 26 años.

Respecto al uso de la fuerza pública, se establece en el caso de enfrentamientos en el que los sospechosos resulten heridos o muertos se presumirá que: “el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo”. Y será el fiscal y los acusadores quienes deban demostrar lo contrario.