La Corte Provincial de Pichincha ratificó sentencia de seis años de prisión para el exconcejal de Quito, Eddy S. por su participación en el delito de lavado de activos por más de USD 1’803.651,43.

Con voto de mayoría, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso de apelación interpuesto por los procesados. Ratificó el fallo venido en grado, emitido por la misma Corte el 13 de enero de 2021, cuando se les impuso sentencia condenatoria.

Fueron condenados, también en segunda instancia, su esposa, Adriana Judith C. M.; sus hijas, Adriana Alejandra S. C. y Cristina Polet S. C.; y, su suegra, Judith Margarita M. P., con la misma sentencia.

El análisis jurídico desarrollado por los magistrados concluyó que los procesados participaron en el delito de lavado de activos al no lograr justificar la licitud del origen del dinero. Los culpables habrían empleado esos recursos en bienes inmuebles, entre 2010 y 2017.

La Sala de la Corte no encontró indicios de responsabilidad penal respecto al hijo del ex Concejal, Jorge Luis S. E. Aceptó el recurso de apelación, revocó la sentencia venida en grado y ratificó su estado de inocencia.

Contexto

El 13 de enero de 2021, la Sala Penal de la Corte encontró culpables, en calidad de autores, al exconcejal del Municipio de Quito, Eddy Fernando S. C., y su esposa, Adriana Judith C. M. Mientras que Jorge Luis S. E., Adriana Alejandra S. C., Cristian Polet S. C. y Judith Margarita M. P., suegra del ex Edil, recibieron sentencia como coautores del delito.

Los magistrados determinaron que el lavado de activos ascendió a USD 2’096.092,46. El que utilizaron para disfrazar como “legal” estas operaciones económicas: la compra-venta de lotes de terreno y departamentos, en efectivo,  entre padres e hijos, con reserva de usufructo.

Además, la compra de derechos y acciones, de vehículos y transferencias bancarias, declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016), con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial (2017), y con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015).

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