Por: Fabricio Vela
El 8 de diciembre de 2021, el pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Víctor Anchundia Places del cargo de Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, que desempeñaba desde el 28 de marzo de 2019. Anchundia era un funcionario de carrera de la institución, a la que ingresó en 1989.
Este juicio político fue uno de los que con mayor rapidez evacuó la Asamblea: Anchundia empleó su derecho a la defensa de forma telemática (adujo complicaciones en su salud); sus interpelantes, los asambleístas Luis Almeida (PSC) y Ricardo Vanegas (Pachakutik) presentaron sus pruebas de cargo, pero el interpelado no hizo uso de la réplica y ni siquiera hubo debate, porque ningún legislador pidió la palabra.
132 de 133 asambleístas presentes votaron por la moción de censura y destitución, bajo la causal de incumplimiento de funciones, básicamente enfocada en la supuesta falta de control del funcionario sobre las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), pero curiosamente el informe de la Comisión de Fiscalización que derivó en el juicio político contenía un amplio capítulo sobre irregularidades relacionadas con el sector de seguros, del que nadie habló.
El informe
El 3 de diciembre de 2021, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de sus 9 miembros, el informe no vinculante que recomendó el juicio político contra el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, abogado Víctor Manuel Anchundia Places. Es un documento de 114 páginas, que recogió conclusiones relacionadas con la responsabilidad de la autoridad sobre las irregularidades denunciadas en tres sectores: societario, bursátil y asegurador.
Los temas de seguros se abordan entre las páginas 62 y 107, pero no fueron mencionados por los interpelantes durante el proceso en el pleno de la Asamblea, pese a que contienen revelaciones que confirman la grave situación de varias instituciones públicas.
Hispana de Seguros
Póliza de Todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima
El informe señala que “en relación al proceso de licitación LS-EPP-2019256-3-20, correspondiente a Petroecuador EP, los únicos invitados y oferentes fueron el consorcio Hispana y Latina; teniendo como líder Hispana de Seguros, proceso de posteriormente fue declarado desierto y luego restituido mediante resolución de adjudicación del 20 de julio de 2021 al consorcio Hispana – Latina, cuya vigencia de cobertura de la póliza fue 3 de agosto de 2021”.
El antecedente es que en septiembre de 2020 fue publicada una convocatoria a concurso abierto, en la que participaron tres compañías de seguros: Sucre, Latina e Hispana. En términos numéricos, la más barata era la de Latina, pero tras un “recálculo del cuadro de la presentación de ofertas”, los técnicos de Petroecuador establecieron que la más conveniente era la de Hispana. Latina presentó varios recursos jurídicos ante la administración de justicia, ante lo cual Petroecuador, pese a que ya había adjudicado un ganador “Hispana”- siendo la más cara, declaró desierto el concurso.
Un dato adicional es que, en este proceso, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) observó varias inconsistencias, no obstante, se interpuso una acción de protección, cuartando las competencias que tenía el SERCOP.
Tras declarar desierto, llamaron a un proceso de emergencia (2 de diciembre de 2020 – 15H00) pero solo establecieron dos días para la presentación de ofertas e hicieron invitación directa a Latina e Hispana (ya no invitaron a Sucre). La convocatoria no fue publicada en el SERCOP, pese a la obligación legal, y los plazos fueron muy apretados:
| Fecha de invitación | 2 de diciembre de 2020 | 15h00 |
| Fecha de audiencia de preguntas y aclaraciones | 2 de diciembre de 2020 | 16h30 |
| Fecha límite de entrega de oferta | 4 de diciembre de 2020 | 10h00 |
| Fecha de apertura de oferta | 4 de diciembre de 2020 | 10h30 |
| Fecha de inicio de negociación | 4 de diciembre de 2020 | 15h00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 5 de diciembre de 2020 | 12h00 |
Apenas 3 días entre la invitación y la adjudicación, para asegurar USD 5.954 millones a un costo de USD 53.4 millones de prima de seguro por una vigencia de dos años.
Aún más: excluida Sucre, Hispana y Latina se asociaron, en lo que se conoce como “coaseguro”, figura contemplada en el Código de Comercio cuando dos o más aseguradoras, a petición del asegurado o con su autorización previa, acuerdan distribuirse entre ellos un determinado seguro, para lo cual debía cumplir con varios requisitos; uno de ellos, el respaldo de reaseguros, pero al momento de presentar la oferta para este proceso de emergencia, el consorcio oferente presentó las cartas de las reaseguradores relacionadas con el proceso anterior de septiembre de 2020, declarado desierto, y no presentan cartas de respaldo para el nuevo proceso. De hecho, las cartas no son dirigidas al consorcio sino a una de las dos compañías de manera individual y con el número de proceso anterior (declarado desierto).
Petroecuador adjudicó el contrato llamado de emergencia de las pólizas Todo Riesgo Petrolero y Responsabilidad Civil al consorcio Hispana– Latina, durante la administración de Ricardo Merino como gerente de Petroecuador, quien 4 días después renunció luego de apenas dos meses en el cargo.
En enero de 2021, el nuevo gerente de la empresa, Gonzalo Maldonado, dispuso la anulación de dicha adjudicación, al hallar anomalías en el proceso (no se encontró documentación original del soporte presumiendo su existencia según el mismo informe de Petroecuador), y Petroecuador optó por extender el contrato de seguros a Sucre, hasta el 3 de agosto de 2021, e incluso presento una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por series de irregularidades detectadas en los documentos de reaseguros presentados y por todas las inconsistencias halladas en la oferta presentada por el consorcio.
No obstante, el 20 de julio de 2021, ya con Guillermo Lasso en el poder, el gerente encargado de Petroecuador, Pablo Luna, dejó sin efecto la nulidad declarada por su predecesor y volvió a adjudicar la póliza al consorcio Hispana – Latina, lo cual resulta llamativo y contradictorio a lo determinado por el informe y conforme a la denuncia del propio Petroecuador, considerando además que la oferta estaría bajo observación tanto de la Contraloría, SERCOP y de la Fiscalía.
Es decir se adjudicaron los seguros de Petroecuador por dos años y sin concurso, al oferente que presentó inconsistencias, irregularidades y presuntas ilegalidades en su oferta.
Interoceánica
Equipo electrónico – radares del Ministerio de Defensa
Mediante el proceso de licitación LICS-MDN-002-2021 del Ministerio de Defensa Nacional para la contratación de la póliza de Todo Riesgo Radares 2021-2022, por USD 90’978.406,40, con un presupuesto referencial de USD 635.837,71, el proceso fue adjudicado a Interoceánica Compañía Anónima de Seguros.
El informe de la Comisión de Fiscalización advirtió que dicha empresa aseguradora ha operado en el país 3 años consecutivos sin contratos automáticos de Reaseguros, ofertando a los sectores público y privado, y emitiendo pólizas sin cumplir las normas legales. Esos contratos no se enviaron para el registro de la Superintendencia de Compañías desde el 2017, por lo cual se habría iniciado un proceso sancionador que culminó con una multa que ascendería a los USD: 350.000.00 ya que se habría confirmado que esta Compañía no tuvo contratados los reaseguros para sus pólizas por los periodos 2017-2018-2019.
Inclusive, el Intendente Nacional de Seguros, Jorge Lince Manrique, reveló a la mesa legislativa que “Interoceánica ha venido presentando una serie de problemas relacionados con sus contratos de reaseguros desde el año 2017”.
Aseguradora del sur
Inversiones
La norma legal establece que las compañías de seguros deben cumplir con inversiones de carácter obligatorio: bienes, ejecutables, etc, de acuerdo al patrimonio, pólizas emitidas, entre otros aspectos. Parte de estas inversiones deben ser en valores; la compañía reportó que parte de esas inversiones en valores tenía en Decevale, depósito centralizado de valores que fue intervenido en septiembre de 2020 en el marco del escándalo del ISSPOL.
Justamente antes que estalle el escándalo, Aseguradora del Sur remite un oficio a la Superintendencia de Compañías en el que reveló que Decevale le estaba pagando regularmente los rendimientos negociados por una inversión de USD 8 millones, pero de pronto dejó de hacerlo.
Entonces, la Superintendencia dispuso a la compañía aseguradora que cambie de casa de valores “porque Decevale no está registrado como custodio para inversiones de casas de valores”.
Hasta el momento, la aseguradora no ha cumplido con la disposición del ente de control, pese a lo cual no ha sido sancionada y sigue operando. De hecho, Aseguradora del Sur es la compañía a la que más se le adjudica cuentas públicas aún cuando por mas de un año no ha regularizado sus inversiones obligatorias admitidas y tampoco ha cumplido las disposiciones expresas del ente de control; el ente de control por su parte tampoco ha dispuesto por más de un año, el someter a esta aseguradora a un plan de regularización lo que significaría que no podría seguir emitiendo nuevas pólizas, peor aún participar en los procesos de contratación pública.
Sucre
Nombramiento irregular
La normativa ecuatoriana establece disposiciones específicas y requisitos rigurosos para el nombramiento de los miembros del directorio y representantes legales y administradores de las empresas de seguros y compañías de reaseguros.
Para el caso de Seguros Sucre, el nombramiento del gerente general era potestad exclusiva del directorio de la Compañía de Seguros, pero la Corporación Financiera Nacional (CFN), incumpliendo con lo estipulado en los estatutos y sin contar con las atribuciones legales propuso y designo a Alberto Pérez Endara, y en contradicción a lo ordenado por la Super Intendencia de Compañía de Valores y Seguros, mediante oficio SCVS- INS -DNNR-2021-00045759-O DEL 9 DE septiembre DEL 2021, que dispuso se dé cumplimiento al estatuto de la asegurador en cuento a la designación del gerente general.
Sucre
Empresa Eléctrica Quito
Una de las empresas aseguradas por Sucre es la Eléctrica Quito (EEQ), que contrató una póliza bianual en noviembre de 2020.
El presidente Guillermo Lasso, en junio de 2021, expidió el Decreto Ejecutivo que dispuso el inicio de la liquidación forzosa de Sucre, lo que originó complicaciones para que la aseguradora pueda tener respaldo de reaseguros para la segunda anualidad, a partir del 19 de noviembre de 2021, debiendo asumir por su propia cuenta y riesgo más de 2200 millones de suma asegurada, y ni el gerente general ilegalmente designado Alberto Pérez, y posteriormente el liquidador de Seguros Sucre nombrado José Ibáñez, tomaron acción alguna, dejando a la EEQ por 90 días a partir del 19 de Noviembre de 2021 sin respaldo de reaseguros para los bienes y operación de la Estatal.
Como se podrá notar, ninguno de los elementos descritos ha sido abordado por la Asamblea Nacional, que no ha hecho ningún tipo de seguimiento posterior al juicio político, ni tampoco ha existido pronunciamiento alguno de los organismos de control. Solo silencio.
