El juez Pedro Troya Aldaz, de la Unidad Judicial de Quitumbe, solicitó a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo que se informe sobre la medida cautelar concedida a Pachakutik para evitar la destitución de Guadalupe Llori como Presidenta del Parlamento.
Además, el magistrado dispuso a los accionantes y a los miembros de la Comisión que informen, de manera documentada, a la delegación provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, sobre los mecanismos adoptados para el correcto cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida en la presente medida cautelar.
La documentación deberá ser entregada en un plazo máximo de cinco días.
Esta medida cautelar se emitió el 27 de mayo de 2022, a fin de que el Pleno del Legislativo se abstenga de conocer, tratar y resolver el informe de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc que recomendaba la destitución.
Sin embargo, la noche del 7 de junio, el Pleno del Legislativo debatió y aprobó una resolución que dispone que se presente una queja ante el Consejo de la Judicatura, en contra del juez Troya Aldaz, en el plazo de 48 horas. A criterio de la mayoría de legisladores hay una clara intromisión en la función legislativa.
El legislador Ángel Maita (PK) propuso la moción. Cuestionó que jueces de primera instancia se inmiscuyan en decisiones políticas y legítimas. Señaló que se ha amenazado a los asambleístas con juicios penales por supuesto incumplimiento de órdenes de autoridad competente. “Eso se llama intromisión en otras funciones del Estado”, resaltó.
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