Organizaciones Feministas, de mujeres y de Derechos Humanos presentaron, este jueves ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad y una acción de incumplimiento contra la Ley de Aborto por Violación.
Virginia Gómez de la Torre, representante de la Fundación Desafío, explicó que se busca que la Corte acepte las medidas cautelares de ambos recursos. El objetivo es que “suspenda los artículos que son lesivos y arregle la ley, que tiene un espíritu obstaculizador. Entonces, quienes cumplan con los requisitos van a poder abortar, pero las que no pueden van a tener que vivir con un embarazo forzado”, agregó.
En un comunicado, los grupos demandantes aseguran que el veto presidencial de la ley de aborto por violación, emitido el 15 de marzo de 2022, “viola estándares internacionales de Derechos Humanos, así como a las disposiciones señaladas en la sentencia de la Corte Constitucional”.
Resaltan que con la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso se instalaron una serie de artículos que “ponen en riesgo los derechos de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”.
Destacan cinco apartados:
- Cambia el objeto de protección de la ley. Ya no es la mujer víctima de violación que ha decidido finalizar el embarazo, sino que traslada esta protección al embrión o feto.
- No regula la objeción de conciencia. Así, crea un precedente de nefasto de negación de un servicio esencial en un contexto en el cual no hay control ni límites.
- Impone requisitos que son difíciles de cumplir como la denuncia, declaración juramentada y examen médico; este último es anti técnico pues ningún médico puede “diagnosticar” un delito.
- Invisibiliza a la población LGBTIQ+ con posibilidad de gestar, como hombres trans y lesbianas, que son sometidas a delitos como violaciones correctivas en centros ilegales de “deshomosexualización”. :
- Criminaliza a las mujeres que llegan en emergencia obstétrica con sangrados que ponen en riesgo su vida.
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