Por: Wilson Benavides Vásquez, politólogo y analista político
El juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, que se aprobó con 87 votos de 137 legisladores, es un episodio más en el que la lógica de los conceptos no coincide con la lógica de los hechos.
Aunque la Constitución reitera el carácter independiente de la Función Judicial, lo cierto es que en el nivel de las prácticas, la justicia es -desde siempre- la cara coercitiva de la política; a tal punto que prácticamente desde el retorno a la democracia en 1979, el control sobre la misma define no solo el escenario y los actores (héroes y villanos) sino que también genera el ambiente de legitimidad o descrédito de todo el sistema político.
De acuerdo con el Latinobarómetro 2021, en Ecuador solo el 18% de la población confía en el Poder Judicial, ubicando a nuestro país en el puesto 13 de 18 naciones, a la par de Venezuela y detrás de Uruguay, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, México, Colombia, Panamá y Bolivia que tienen mejores cifras.
Pocos recordarán que el tercer gobierno luego del restablecimiento del régimen democrático sitió el entonces Palacio de Justicia con tanquetas militares; o que hace 18 años se reestructuró la Corte Suprema de Justicia para anular los juicios contra un ex presidente derrocado acusado de corrupción; o quizá una minoría, apenas rememora que hace 11 años se hizo una consulta popular para reformar la Constitución y cambiar todo el sistema judicial, a lo que se le conoció -por la propia palabra del poder de la época- como la “metida de mano a la justicia”.
En este contexto, resulta paradójico el uso y abuso de la “acción de protección” (Art. 88 de la Constitución) que han hecho los actores políticos para intentar recuperar sus espacios de poder como el caso de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori o el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, mientras que la activación de este mismo recurso para los ciudadanos de a pie generalmente es invisibilizada o demora años en ejecutarse.
El juicio político al Consejo de la Judicatura más allá de los argumentos de lado y lado, esconde un verdadero “ajuste de cuentas” entre las distintas facciones del poder político de turno, que una vez más siguen dándole la espalda a la ciudadanía, aquejada por la delincuencia, que según la última encuesta de Click Report, es el principal problema de país con el 32,81%.
Para la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura se necesita mayoría calificada; es decir, 92 votos de 137 asambleístas. En teoría faltarían únicamente 5 voluntades de las 87 que ya aprobaron iniciar este juicio. El debate en el Parlamento inició el pasado 31 de agosto en medio de un clima político bastante complejo para todas las partes.
La opinión de Wilson Benavides.
