Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
A pocas horas de que concluya el año 2022, nos embarga una mezcla de nostalgia y de alegría o quizá de lágrimas o sonrisas por lo que nos sucedió durante estos 12 meses.
“Cerrar ciclos” o “voltear la página” son -quizá- las frases cliché que mejor resumen una necesidad psicológica de fondo que -tanto los individuos como las sociedades- activamos en estas fechas para “dejar atrás” los malos momentos, conservar los buenos recuerdos y sembrar la semilla de días mejores.
Quemar el monigote del “año viejo” resulta, en la práctica, un ejercicio de sanación simbólica, con el que sellamos el pasado y firmamos un pacto con el futuro. En el plano social, en el mundo de los asuntos públicos, el mismo ritual permite también extinguir imaginariamente a una clase política inepta, indolente y abusiva que con sus acciones ha resquebrajado los ya endebles cimientos de la democracia.
El relato oficial durante este 2022, se fue construyendo en función de las coyunturas de turno más que de un plan de largo aliento que logre darle sentido al papel del Estado en la economía o a su rol de garante de derechos y libertades.
Así, la administración de Guillermo Lasso se encargó de ratificar las ideas-fuerza del discurso de su predecesor, Lenin Moreno, que se sustenta en tres puntos clave: 1) Culpar al “correísmo” de todos los males de la Patria. 2) Vincular a esa identidad política con el narcotráfico y el crimen organizado; y 3) Calificar la protesta y el descontento social como actos de terrorismo y subversión, como sucedió con el paro nacional de junio pasado.
En ese escenario, las declaraciones públicas del embajador de Estados Unidos en Ecuador, sobre la influencia del narcotráfico en la Policía Nacional y ahora en la administración de justicia legitiman y cierran el encuadre de este relato de poder.
En la práctica, sin embargo, nada dicen sobre el sistema de captación ilegal de dinero al interior de las Fuerzas Armadas con “Don Naza” a la cabeza, quien fue misteriosamente asesinado el día que tenía que acudir a rendir su versión por ese caso y pocos días antes visitó “como Pedro por su casa” el Ministerio de Defensa Nacional.
Tampoco se habla de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana involucrados -por acción u omisión- en el desmantelamiento de un radar en Montecristi (Manabí) con el que se pretendía neutralizar a las narco avionetas; tampoco se ha dicho nada sobre los miembros de la Armada Nacional que estaban a cargo de custodiar el rastrillo de la Base San Eduardo, de donde se sustrajeron varios fusiles de asalto; e incluso pasó desapercibido el robo de unos lingotes de oro de una ciudadela privada en Guayaquil cometido en una camioneta de la Vicepresidencia de la República presuntamente robada.
Pero al igual que en la administración de Moreno, la realidad se impuso al relato gubernamental vaciándolo de sentido. Y lo hizo a través de las crisis carcelarias que desde el año 2019 han dejado -hasta el momento- más de 400 personas asesinadas, decenas de ellas detenidas sin sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos no violentos como la estafa o incluso por pensiones alimenticias.
El paro nacional de junio liderado por la CONAIE y el asesinato de la abogada María Belén Bernal al interior de la Escuela de Policía en Quito en septiembre terminaron por evidenciar la ineptitud e indolencia con la que el régimen procesó estas coyunturas.
Todo este manejo político y comunicacional, ha provocado que -según la última encuesta de Perfiles de Opinión a noviembre de 2022- el 92% de los ecuatorianos siente que el país va “por el camino equivocado”, el 91% se siente “inseguro” y el 38% quiere “irse del país” por la inseguridad., que de acuerdo con esta medición, es el principal problema del Ecuador con 60%.
Los ecuatorianos encuestados por Perfiles de Opinión consideran que el propio presidente Lasso es uno de los principales problemas del Ecuador ocupando el cuarto lugar, y quien además ha sufrido una caída en su credibilidad de 22 puntos porcentuales en un año, llegando a esta fecha con apenas el 12%.
En este contexto, el secuestro del poder político representado en el Ejecutivo y la Asamblea Nacional por parte del poder judicial luego de que un fallo echara abajo la censura y destitución de 4 de los 7 consejeros del CPCCS así como un sin número de recursos legales estén permitiendo la liberación o el traslado de peligrosos cabecillas del crimen organizado desmantelado con ello las acciones del gobierno para el control del cárceles.
Sumado a ello, la legitimación de un régimen transitorio con autoridades clave que están “encargadas” en funciones, es un elemento más que ratifica una crisis perpetua que ya lleva dos gobiernos.
Este deterioro de lo público ad portas de las Elecciones Seccionales y del CPCCS del 05 de enero de 2023, muy seguramente pasará factura a las diferentes fuerzas políticas. Sumado a ello, el referéndum y consulta popular convocados por un Ejecutivo, que tiene apenas el 12% de credibilidad y ha constituido un campo antagónico e irreconciliable entre quienes respaldan el “sí” y quienes promueven el “no”, tiene pocas esperanzas de constituirse en un elemento de cohesión social y política que logre desmantelar la sinrazón del Estado, en el que todos vivimos.
La opinión de Wilson Benavides.
